Carlos Manuel Echeverría Esquivel. 18 septiembre

Me llamaron la atención dos notas periodísticas y un artículo de opinión publicados en La Nación en días recientes. La primera es un artículo informativo sobre la defensa del alcalde de San José de que las municipalidades no deben estar sujetas a la regla fiscal. La otra muestra cómo se han disparado los salarios de los alcaldes y vicealcaldes. Y el tercero se trata de un magnífico artículo de mi excolega en la Oficina de Planificación (Ofiplán) Ronald Solís, quien explica cómo los salarios del sector público se comen a los del privado, pues los superan en 277 %.

Para empezar, la afirmación del alcalde no es razonable. Por un lado, el Estado, el aparato estatal y el gobierno son uno solo en sus diferentes manifestaciones, como ocurre con el Poder Legislativo y su derivación: la Contraloría General de la República, el Poder Ejecutivo, el orden municipal, el Gobierno Central y las entidades autónomas —administrativamente, no políticamente—, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Para este artículo, dejemos a las universidades estatales al margen.

La ley es una gollería, como muchos pluses. Quizá son aprobados por aquellos diputados que, al abandonar su cargo, buscan una mullida cama en las municipalidades. Esto debe enmendarse, especialmente porque la mayor parte de las evaluaciones de los alcaldes son pésimas.

Esto debe enmendarse, especialmente porque la mayor parte de las evaluaciones de los alcaldes son pésimas.

Autonomía, no autarquía. Las municipalidades tienen autonomía funcional y política hasta cierto punto; por ejemplo, no pueden cercenar un parque nacional o, si es fronteriza, tener su propia política exterior. La autonomía política y administrativa no hace a las municipalidades entes autárquicos.

Las fuentes de generación de recursos mencionadas por el alcalde no son distintas de las que se obtienen para financiar el presupuesto nacional, se trata de los mismos ciudadanos físicos o jurídicos. En el caso municipal, tanto una persona como una razón social están atrapados en un régimen tributario de carácter inflexible, pues no les es fácil irse del municipio. Se tendría que elevar demasiado el tributo municipal a los ciudadanos para que no paguen, o que se rebelen —peligro latente—. Al final, terminan pagando los aumentos a veces justificados solo por la ineficiencia operativa de la municipalidad o por excesos.

Las municipalidades son monopolios en su territorio. No permiten contratar los servicios de empresas privadas directamente, por lo tanto, los usuarios están en una posición de “tigre suelto contra burro amarrado”. Aunado a esto, ante la delicada situación financiera del país, el alcalde asumió la horrible posición que en inglés se conoce como NIMBY (“Not in my back yard”), que significa “No en mi patio trasero”. ¡No se vale!

Resguardo legal. El segundo artículo se refiere a los exorbitantes salarios que ganan gran parte de los alcaldes porque, según una absurda y parroquial ley, como muchas aprobadas por los Parlamentos, tienen que recibir al menos 10 % más de lo que gana el subalterno mejor pagado. Es lógico que un funcionario de planta antiguo cuente con un salario más alto que el base del alcalde, lo cual no impide que este ejerza su autoridad.

La ley es una gollería, como muchos pluses que inflan los salarios de los alcaldes. Quizá son aprobados por aquellos diputados que, al abandonar su cargo, buscan una mullida cama en las municipalidades.

Esto debe enmendarse, especialmente porque la mayor parte de las evaluaciones de los alcaldes son pésimas. El alcalde de Nueva York, ciudad enorme, con una gran base impositiva y en un país donde el costo de vida es mucho más alto que el ya exagerado nuestro, gana $ 258.750 al año, o sea, $21.563 al mes; mientras tanto, el alcalde de San José gana $15.400 mensuales. Con razón muchos, aun en problemas con la ley, intentan reelegirse. A juzgar por los atestados de la mayoría, el dinero jamás se lo ganarían en el sector privado honesto.

Estimulo a nuestra Asamblea Legislativa, valiente en defensa de los intereses de la patria, a enmendar el yerro de sus antecesores y a la ciudadanía, a no reelegir a los actuales representantes.

Por último, las diferencias en el ingreso promedio entre el empleado público y el privado, que Ronald Solís plantea en su artículo, son vergonzosas y totalmente contraproductivas. Si estuviéramos hablando del sector público de Singapur, que más bien empuja al sector privado a ser tan productivo y pulcro como él, se pensaría que hay cierta lógica en ese 277 %.

La diferencia desalienta a todos y nos hace menos competitivos internacionalmente, donde está el dinero que necesitamos. La Asamblea Legislativa debe corregir esa situación, que mancha al servicio público, cuyas satisfacciones de ejercerlo —lo sé por experiencia— van más allá de los ingresos.

El autor es exviceministro de Planificación.