EscucharA mediados de la década de los setenta del siglo pasado, a petición del entonces ministro de Educación, debido a la presión sindical, pues muchos docentes no recibían salario y a otros les llegaban sumas ridículas, en la Universidad de Costa Rica llevamos a cabo un trabajo para estudiar la situación.
Se concluyó que el problema no era estrictamente salarial, sino del gran endeudamiento del personal del Ministerio.
Del total de la planilla, menos las deducciones de ley, la suma girada a las cooperativas del sector educativo competía con el monto neto girado al personal.
La voracidad de la dirigencia cooperativa, conocida de sobra por la opinión pública, ha perdido el norte de la filosofía de Robert Owen.
En su búsqueda de más y más excedentes (eufemismo de utilidades) se han dedicado a estimular el endeudamiento y el consumo improductivo entre sus afiliados.
Prueba de esto son las campañas invitando a sus aportantes a vivir las vacaciones de sus sueños y a adquirir bienes de consumo; incluso instalan tiendas y servicios virtuales para ofrecer toda clase de facilidades crediticias.
Negocio redondo. Como resultado, tenemos hoy a cientos de miles de trabajadores cuyos salarios netos son ridículos —como publicó La Nación el sábado 19—, debido a las facilidades para endeudarse.
El cobro directo por la deducción de la planilla les garantiza a las cooperativas una recuperación del principal y de los caros intereses de manera segura y eficiente.
El Estado brinda a la dirigencia del sector cooperativo —a veces cuesta identificar uno y otro— enormes privilegios y exenciones, y ejerce la función de cobrador implacable. Esos beneficios y privilegios nunca llegan a los ahorrantes.
Al afiliarse a una cooperativa, la mayoría de los trabajadores no saben que se convertirán en prisioneros de los préstamos que les otorgarán con el dinero de ellos mismos. Les prestan con intereses de mercado; los excedentes que se reparten a los afiliados no constituyen ni la mitad de lo logrado en el mercado financiero y, para colmo de males, no les está permitido retirarse cuando quieran ni abonar sus ahorros capitalizados a los saldos de los préstamos.
Uno por otro. Cuando la ley les permite desafiliarse, retirarse o salirse de la cooperativa, y de esa manera utilizar lo ahorrado para disminuir sus deudas, primero que nada, se les exige pagar los saldos de sus préstamos, es decir, sus deudas tienen que estar en cero, lo cual es casi imposible, excepto endeudándose en otra entidad financiera.
Además, el afiliado debe esperar, como mínimo un año, para que le devuelvan su propio dinero. Y todo esto con la bendición de la Sala Constitucional. ¡Qué ingratos!
En cambio, en las asociaciones solidaristas, el trabajador es libre de afiliarse y retirarse cuando quiera, y así se lleva, sin demoras, el saldo de lo ahorrado menos lo adeudado. Los intereses son más bajos que en las cooperativas y los dividendos mucho mayores.
Si el plan de este gobierno para ayudar a los trabajadores es sincero, debería estudiar con atención el efecto de las cooperativas en el endeudamiento y las limitaciones existentes para reducir deudas utilizando los ahorros y el capital producto del trabajo.
El autor es profesor en la Universidad de Costa Rica y exdirector de la Escuela de Administración Pública.
