Fernando Ferraro Castro.   8 agosto

La romería del 2 de agosto reaviva polémicas artificiales que inflaman el cansino debate sobre el Estado laico, con el cual se busca eliminar la identidad católica del Estado costarricense. El argumento es que dicha norma discrimina otros credos y sectores de la población.

Lo primero que habría que decir al respecto es que, al juzgar esta cuestión, hay que hacer necesariamente una diferencia entre los derechos y deberes de la población de acuerdo con las normas constitucionales y los derechos y deberes del costarricense que profesa una religión.

En el primer caso, estamos hablando del ámbito público, de tal manera que tales disposiciones nos atañen a todos. En el segundo, hablamos de la vida privada, es decir, de un conjunto de prerrogativas y obligaciones que dependerá de si la persona sigue o no algún credo.

En resumen, que el Estado costarricense sea católico no significa que todos los habitantes del país lo sean o estén obligados a seguir esta religión.

Es imposible discutir el asunto sin tener a mano el artículo 75 de la Constitución Política, que literalmente dice: “La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”.

Libre ejercicio. Esta norma reconoce la existencia de otras religiones y expresamente dice que el Estado no puede impedir su libre ejercicio. La única condición es el respeto de la moral universal y las buenas costumbres; y para entender el alcance de esta condición es indispensable coordinar la lectura de la norma con otras de la misma carta magna, cuyas disposiciones no existen de manera individual ni desintegrada.

A la hora de opinar sobre la libertad de culto, obviamente, debemos comenzar por el artículo 75, pero, inmediatamente, debemos considerar la norma del 33, sobre dignidad humana, que prohíbe todas las formas de discriminación.

Ambas deben relacionarse con las disposiciones sobre libertad de expresión, asociación, reunión y tránsito, así como a la privacidad y el respeto del domicilio y las comunicaciones, y otras garantías indispensables para el ejercicio individual y colectivo de la libertad religiosa, previstas en los artículos del 22 al 45 y en el 47 y el 48.

Estos y otros de la Constitución garantizan la posibilidad jurídica de conducir nuestra vida pública y privada en libertad y con la necesaria protección civil y patrimonial de nuestros derechos.

Las minorías. Es así en materia religiosa, pero también en asuntos tan polémicos como los que conciernen a las minorías. Otra cosa es la manipulación política oportunista de quienes impulsan una agenda antisistema bajo la coartada que les brinda la ideología de género con su diversidad de provocaciones.

Unas, en las que caen personas de talante obtusamente conservador. Con esto no quiero negar la discriminación que existe ni la necesidad del esfuerzo permanente por superarla. Lo que digo es que esta no se deriva de la Constitución.

Dicho esto, persistiría la cuestión financiera como última motivación de las reformas al artículo 75, y aquí nuevamente nos encontramos con la ignorancia y sus manipulaciones, pues ni los recursos que destina el Estado a la conservación de las iglesias y demás sitios religiosos que forman parte del patrimonio histórico y arquitectónico del país, ni los recursos que se destinan a centros educativos de identidad religiosa, obedecen única y simplemente a aquella norma.

El debate sobre el Estado laico es una de varias manipulaciones de moda en las cuales el centro político exhibe sus confusiones, cayendo en el juego de quienes explotan las posiciones equivocadas de representantes individuales de la Iglesia católica, con el fin de promover una agenda política que disuelve nuestro sentido de pertenencia, igualdad y solidaridad, mientras niega nuestro sentido de libertad.

Así, no solo atacan una tradición ligada a nuestro origen y a la identidad amplia e inclusiva que nos caracteriza, sino también a avances históricos de nuestra democracia y desarrollo.

El autor es abogado.