El Foro de Justicia, espacio de análisis y propuesta de políticas públicas, conformado por actores especializados, ha venido insistiendo en una serie de reformas urgentes al mecanismo de nombramiento de magistrados, que recae sobre la Asamblea Legislativa.
La opacidad en las votaciones es un velo de oscuridad que existe desde tiempos inmemoriales porque el poder político ha buscado, históricamente, refugiarse en el secretismo para mantener en las sombras los cómos y los porqués de la toma de decisiones.
La campaña #VotoPúblicoYa hace un llamado a los diputados para enterrar de una buena vez el secretismo que rodea los procesos de elección de magistrados.
No es para menos: recientemente, se desató la indignación colectiva por el fallido intento de 12 congresistas de promover para la Sala Tercera a una persona que no había participado en la selección llevada a cabo por la Comisión de Nombramientos.
Como es sabido, el plenario puede escoger a cualquier persona que cumpla el mínimo establecido en la Constitución. No obstante, el descarado atropello de esa fase previa que, aunque cuestionada, establece un filtro básico, demuestra de manera fehaciente que en la votación secreta subyace un grave riesgo para la independencia judicial.
El voto secreto no solo permite incorporar impunemente a personas cuyas hojas de vida no han sido revisadas, lo cual es completamente contrario al espíritu del proceso de selección, sino que también facilita deshacerse de magistrados incómodos cuando se presentan a la reelección, como intentó hacerse algunos meses con Paul Rueda Leal.
Los diputados deben estar a la altura de las circunstancias y entender que la transparencia no es un favor que nos hacen, sino una obligación para con los ciudadanos. Deben eliminar la oscura y antidemocrática práctica, casi impensable en el siglo XXI, y avanzar sin titubeos hacia la añorada luz, que tanto bien le hace a nuestra democracia.
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El autor es internacionalista