Kenneth Jiménez Díaz. 9 octubre

Debe reconocerse que esta versión de la Asamblea Legislativa ha tenido una eficiencia sorprendente para resolver problemas urgentes, por ejemplo, la aprobación de la reforma fiscal, la ley de huelgas y la reforma del reglamento. Todo gracias a la coordinación y visto bueno del Partido Liberación Nacional (PLN), la fracción más grande en el Congreso.

Pero también debo decir que, lamentablemente, hechos cuestionables han pasado bajo la vista del mismo partido durante este periodo, pues, para bien o para mal, nada se aprobaría sin sus 17 diputados.

Recordemos su promesa incumplida de legislar para cobrar el impuesto sobre la renta a las grandes cooperativas y eliminar el odiado enganche salarial, proyectos excluidos del plan fiscal en el 2018.

Tampoco olvidemos que las municipalidades salieron de la regla fiscal por el apoyo de Liberación Nacional, por el impulso de su diputada María José Corrales. Esto produjo la inmediata baja en la nota de riesgo de las calificadoras.

Hace pocos días, diputados liberacionistas obstaculizaron y rechazaron la moción de la diputada Yorleny León para obligar al Banco Popular a pagar una mejor tasa de interés a los trabajadores por las pensiones complementarias.

Este mes resucitaron el polémico proyecto del diputado Daniel Ulate para el etiquetado de Licores. Todos hechos cuestionables.

Si el Partido Acción Ciudadana (PAC) es considerado parcialmente responsable de los problemas actuales, porque es el de gobierno y son sus miembros quienes están llamados a gobernar, a Liberación tampoco le es posible eludir su responsabilidad ni lavarse las manos como líder en la Asamblea Legislativa.

Su músculo político es más grande de lo que admiten sus diputados. No deben evadir el ejercicio de esa responsabilidad y liderazgo para rechazar, promover o enmendar los proyectos para el bien del país.

El autor es ingeniero en sistemas.