Irene Cañas Díaz.   10 marzo

El ingeniero Luis Murillo publicó la semana pasada un artículo en el cual afirmaba, equivocadamente, que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) castigó el éxito de la planta eólica conocida como PESA.

Según planteó, se decidió «desconectarla» a pesar de su buen estado. Al margen de las imprecisiones, la nota es útil para explicar por qué no se renovó el contrato a esa y otras de la misma naturaleza.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió en setiembre del 2019 un informe sobre la compra de energía a privados (DFOE-AE-IF-00009-2010). En él, solicitó al ICE justificar las adquisiciones que realizaba a este tipo de generadores para determinar cuál era la más conveniente para solventar las necesidades de suministro del país.

Luego del estudio, el ICE logró establecer la cantidad máxima de energía requerida por empresa; sin embargo, no fue posible llegar a una negociación antes del vencimiento de los contratos, entre los cuales estaba el de PESA.

En todas las valoraciones sobre el asunto hubo un dato medular: el país tiene la suficiente capacidad instalada (3.537 megavatios) para satisfacer la demanda máxima de energía por potencia (que ronda los 1.737 megavatios).

Lo anterior hacía más complejo justificar técnica y financieramente la renovación de los contratos en los términos pactados originalmente, pues la información es contundente en mostrar que no es necesaria toda la energía de esas plantas.

Inversiones cubiertas. Otro aspecto valioso que se tomó en cuenta es que los acuerdos, en su mayoría, se originaron en la década de los noventa. Esto significa que las inversiones de los productores para poner en funcionamiento las plantas —punto central en este tipo de arreglos— ya están cubiertas y no existe un compromiso más allá de lo pactado.

Es evidente, entonces, que el ICE no «castigó» el éxito de ninguna empresa. Simplemente tomó una decisión a partir de los datos y buscó el mayor beneficio para el sistema eléctrico nacional (SEN), los consumidores y las finanzas del Instituto.

La no continuación de estos acuerdos generó la difusión de afirmaciones que no son ciertas. Por ejemplo, que estamos en contra de la generación privada de energía, cuando en la actualidad mantenemos 26 contratos con este tipo de empresas, que en enero aportaron el 27 % de la energía nacional.

También se dijo que nuestra decisión afectará las metas del Plan Nacional de Descarbonización, pero la realidad es que tenemos suficiente capacidad para producir electricidad renovable con las plantas en operación.

En los últimos 10 años, aun con estas hidroeléctricas, el país ha debido recurrir a la generación térmica y a la importación para suplir la demanda en algunos momentos del día durante los meses más secos del año. Jamás tomaríamos una decisión que afecte nuestro compromiso con la matriz eléctrica limpia, pues sabemos que es un orgullo del país.

Ningún peligro. Cabe señalar que las plantas a las cuales no se les renovó el contrato apenas aportaban un 1,4 % de la capacidad instalada total al SEN, es decir, su salida no puso ni pone en peligro la generación de energía limpia.

El ICE se ha esmerado por alcanzar acuerdos beneficiosos para el sistema eléctrico nacional, respeta los contratos existentes y, una vez que llegan las fechas de vencimiento, procura cuidar los recursos de los costarricenses a través de renegociaciones que permitan brindar el mejor servicio posible, tanto en calidad como en precio.

La autora es presidenta ejecutiva del ICE.