Una lista de tareas para los diputados fue lo presentado el lunes 10 de febrero por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, a la Asamblea Legislativa.
El gobierno, como quedó claro, aún se resiste a reconocer su propia responsabilidad y la de su antecesor por llevar al país a una escalofriante situación fiscal, reflejada en la reducción de la calificación de riesgo hecha por la agencia Moody’s, debido al elevado déficit fiscal y al crecimiento vertiginoso de la deuda pública.
La exposición de Rodrigo Chaves consistió en una enumeración de deberes mediante los cuales responsabiliza a los legisladores del futuro de las finanzas públicas, como ha sido la tendencia durante la administración de Carlos Alvarado.
Si bien la Asamblea Legislativa no se opone al avance del país, la confianza no es un cheque en blanco y exige muestras de verdadero compromiso y disciplina por parte del gobierno para rectificar lo que se ha venido haciendo, por ejemplo, en materia de gasto público o en el cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Señales para desconfiar. El jerarca pide ayuda a los diputados para la aprobación de un préstamo de entre $150 millones y $160 millones destinados a renovar los sistemas informáticos de Hacienda, pero ¿qué hace la entidad para generar confianza a los contribuyentes?
Según el ministro, entre las líneas de acción de Hacienda se encuentra una cercana relación de trabajo con la Policía de Control Fiscal, liderada por Irving Malespín Muñoz, a quien se le abrió una investigación por, presuntamente, ayudar a su abogado personal, Celso Gamboa, a justificar la ausencia en una audiencia judicial en Cartago.
Malespín tiene también una causa abierta en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por presunta falsedad ideológica.
Tratándose de un funcionario de confianza, quien podría ser removido por el ministro, ¿pueden los costarricenses tener confianza en la probidad de ese órgano y en que el trabajo de la Policía Fiscal está libre de cuestionamiento? Muchas dudas se ciernen sobre el Ministerio, en tiempos cuando más bien debería estar por encima de este y otros asuntos controversiales.
Disciplina y secreto bancario. Bajo la supervisión de Hacienda y su equipo, el país alcanzó en el 2019 un déficit central del 6,96 % del producto interno bruto (PIB), la mayor diferencia entre ingresos y gastos en los últimos 40 años. Por eso, la tarea para adquirir disciplina fiscal sigue siendo ardua.
El ministro también presentó escenarios excesivamente optimistas y pidió a los legisladores aprobar leyes —formuladas de manera unilateral— en tiempo récord.
Incluso, solicitó el levantamiento del secreto bancario, cuando se conocen historias sobre supuestos negocios de venta de datos dentro de su institución, por lo cual la propuesta debe analizarse con mucho cuidado y no tan a la ligera.
Aún estamos a ciegas en muchos de los proyectos; hasta el 27 de febrero no conoceremos una nueva iniciativa para reformar el empleo público y el primero de marzo otras medidas adicionales, como las que atenderán evasión, elusión y contrabando a partir de las herramientas que tiene el Ministerio, lo cual nos lleva a cuestionar si verdaderamente existe un plan de acciones inmediatas que traigan alivio al país, mientras se concretan otras a mediano y largo plazo.
Tampoco es menor cosa hablar de vender y concesionar entidades públicas, como la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), si inmediatamente después los jerarcas solicitan públicamente lo contrario.
¡Vaya, cómo cambian las cosas! Cuando el Partido Acción Ciudadana (PAC) era fracción de oposición, a la menor insinuación de cierre, venta o fusión de instituciones públicas exclamaban al unísono que se trataba de “robo al Estado” o “privatización del Estado”, y obstruían todo esfuerzo en esa dirección, así como las iniciativas fiscales que hoy le pasan al país una cara factura.
¿Habrá el mandatario hablado con su fracción sobre lo señalado por el ministro? Porque han sido los integrantes de su partido los principales opositores de esas y otras medidas a lo largo de dieciocho años.
La autora es diputada.