Ambas cosas se están definiendo en estos días en la Asamblea Legislativa, cuando es casi imposible concentrarse en el debate por estar atendiendo la crisis sanitaria. Una decisión que, por tanto, no debería tomarse en este momento.
Es el futuro del agua porque se tomarán decisiones en el presente sobre cómo se legislará con respecto al recurso hídrico con miras al futuro. Pero también se definirá el agua del futuro porque se establece la forma como la protegeremos, cómo vamos a utilizar las aguas residuales, cómo incorporaremos el cambio tecnológico, cómo daremos valor económico y cómo desarrollaremos una cultura para el uso más eficiente del agua.
Decidir el futuro del agua, dadas las señales que nos da la afectación debido al cambio climático, el crecimiento de la población y la concentración en grandes ciudades, así como la necesidad de producir alimentos, la atención de la demanda para el desarrollo turístico, la generación eléctrica y el consumo humano, representa hoy una de las resoluciones más estratégicas del país.
Por sus alcances, será disruptiva para el mañana de quienes habitamos el país y para quienes nos visitan año tras año.
Época inadecuada. En tiempos de crisis, señala el científico Jared Diamond, las resoluciones deben ser valientes, que nos permitan salir adelante, y ser optimistas porque necesitaremos un mundo donde vivir, un empleo, una escuela adonde volver, un hospital, una pensión, agua en calidad y cantidad suficientes para los diferentes usos.
El expediente 20212 que verá el plenario se denomina Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, y es la base de la política pública para enfrentar las vicisitudes que nos traiga el cambio climático en cuanto al agua. Por ello, debemos asegurarnos de que sea el instrumento visionario que nos dé fortalezas para construir el futuro y no ser, más bien, víctimas de este.
A los habitantes de este país, que hemos visto, especialmente a partir de 1992, cómo Costa Rica se destaca por haber suscrito todos los compromisos con miras a la protección y el uso del recurso hídrico, y por haber plasmado el derecho humano al agua en la Constitución Política, nuestro sistema institucional nos da seguridad en que el futuro del agua está en buenas manos.
No obstante, debe tenerse plena claridad de que un marco jurídico nuevo no es la pomada canaria o la piedra de la resurrección en la materia.
Conjeturando como decía Jouvenel, puede acercarnos a un mejor futuro o alejarnos de este y llevarnos a donde no queremos ir como sociedad.
Un pieza más. La ley no resolverá las deficiencias en algunos servicios públicos relacionados con el agua, no resolverá la cultura consumista de las personas ni las pérdidas por fugas, es decir, un marco jurídico es relevante, pero es solo una pieza dentro de un rompecabezas nacional muy complejo.
Legislar debe ser el producto de un análisis prospectivo, de una valoración técnica y científica del agua del futuro. ¿Cuántas personas la demandarán para consumo en el 2040? ¿Cuáles serán las actividades productivas más necesitadas de esta? ¿Cuáles son los sitios que deben ser protegidos porque alojan acuíferos? ¿Cómo participarán las personas y las organizaciones en la toma de decisiones sobre el agua? ¿Cómo garantizar la resolución de los conflictos que se generarán por el agua como recurso de uso común escaso y de presencia desigual en las diferentes zonas? ¿Cómo garantizar que pobres y ricos tendrán igualitarias condiciones de acceso?
Son tantas las aristas que los diputados deberán tomar en cuenta en estos días sobre el agua que es preocupante que lo hagan cuando la agenda está colmada de urgencias por la pandemia.
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El autor es profesor en el EPPS-UNA.