Maria-Noel Vaeza y dos firmas más. 29 enero

Hace 25 años, en Pekín, se vivió una euforia que trascendió al mundo entero. Más de 30.000 activistas y 17.000 participantes de 200 países generaron una presión y un dinamismo tan poderosos que el documento final de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, la Declaración y plataforma de acción de Pekín, se convirtió en el plan más progresista jamás alcanzado para trabajar por los derechos de la mujer.

Ahí, estaban la igualdad de género, la salud, el empoderamiento, la educación, las oportunidades laborales, la violencia contra la mujer y el matrimonio infantil, entre otros asuntos.

La aprobación o tolerancia social con la que cuenta el matrimonio infantil y la consecuente invisibilidad de esta práctica como un problema ha impedido su disminución.

Desde entonces, el mundo ha dado un giro significativo hacia la igualdad, aunque en otros puntos nuestra región no ha avanzado. Hay progreso que debemos celebrar, como un mejor reconocimiento de las distintas formas de violencia contra las mujeres, y nuevas leyes y políticas para prevenirla y tratarla, y cada vez más movilización de distintos actores para ponerle fin.

Sin embargo, el matrimonio infantil, y su expresión más común que son las uniones antes de los 18 años, sigue siendo un problema desatendido en América Latina y el Caribe. Las niñas nacidas en 1995, a las cuales el mundo se comprometió a ofrecerles un futuro mejor, y las que nacen hoy, tienen lamentablemente las mismas probabilidades de terminar en un matrimonio infantil o unión temprana.

En América Latina y el Caribe, el matrimonio infantil y las uniones tempranas mantienen los mismos indicadores de hace 25 años: una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18 años, una cifra más alta que en Oriente Próximo y África del Norte.

Si no hay acciones ni inversiones, la región se convertirá en el 2030 en la segunda con más uniones tempranas en el mundo, solo por detrás del África subsahariana. Las cifras resultan, a todas luces, inaceptables.

Violación de derechos. En la Declaración de Pekín, quedó estipulado que el matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos cuyas consecuencias resultan devastadoras. Aunque socialmente sigue siendo visto como una práctica aceptada, sus efectos en los derechos humanos, el bienestar y desarrollo de las niñas y adolescentes son alarmantes.

La mayoría de las mujeres que contrajeron matrimonio o se unieron durante su niñez dieron a luz antes de cumplir 18 años y, del total, ocho de cada diez niñas casadas fueron madres antes de cumplir los 20 años.

El matrimonio infantil y las uniones tempranas llevan a la deserción escolar, así como a pobres resultados escolares y niveles de alfabetización. En la mayoría de los casos, van acompañadas por algún tipo de violencia sexual, física o emocional.

Una de cada cinco niñas unidas antes de los 18 años lo hizo con un hombre, cuando menos, 10 años mayor que ellas, por lo cual la dependencia económica suele ser alta y más en contextos de pobreza, ruralidad y comunidades indígenas o afrodescendientes, donde suele haber mayor incidencia de la práctica.

El impacto va más allá de las niñas y adolescentes. El matrimonio infantil y las uniones tempranas llevan a una menor participación social, económica y política, y a un bajo desarrollo social y económico de las sociedades, que terminan afectando los ingresos de las mujeres, llevan a más pobreza en los hogares e impactan potencialmente en la pobreza nacional y las tasas del PIB.

Invisibilidad de la práctica. Lo sorprendente es que el problema sigue sin formar parte de las agendas nacionales y regionales. El silencio alrededor de las uniones tempranas impide, hoy por hoy, avanzar en términos de igualdad de género para las niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe.

La aprobación o tolerancia social con la que cuenta el matrimonio infantil y la consecuente invisibilidad de esta práctica como un problema ha impedido su disminución, por lo que Unicef, Unfpa y ONU Mujeres nos unimos para llamar a la acción a Gobiernos, instituciones, sociedad civil, donantes, personas y aliados, con la intención de que orienten sus decisiones políticas, económicas y sociales para la eliminación de esta forma de abuso, teniendo en cuenta que se ha posicionado en la agenda de desarrollo global y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Es posible terminar con el matrimonio infantil y las uniones tempranas; países como Etiopía y la India han logrado una reducción significativa gracias a inversiones y acciones coordinadas y sostenidas. Debemos trabajar de manera conjunta para hacer frente a los motores de esta práctica, mediante el establecimiento de marcos legales y políticas que protejan a las niñas y adolescentes, y promuevan la igualdad de género empoderando a las niñas y adolescentes, transformando las normas sociales y de género que “normalizan” estas situaciones y brindándoles servicios de calidad y amigables en áreas como la educación y la salud.

Este año es clave en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres por la celebración de la Conferencia Regional de la Mujer y la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se centran en la revisión de los 25 años de Pekín.

Hacemos un llamado a alzar la voz y a trabajar juntos para visibilizar este problema en la región y generar compromisos políticos, sociales y financieros para que esta práctica social sea eliminada y se garanticen verdaderas oportunidades presentes y futuras a las niñas. Para América Latina y el Caribe, es tiempo de actuar y acelerar el cambio en la región. Sus niñas y adolescentes no pueden esperar más.

Bernt Aasen: director regional a.i. de Unicef para América Latina y el Caribe.

Maria-Noel Vaeza: directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

Harold Robinson: director regional del Unfpa para América Latina y el Caribe.