Durante casi cuatro años, formé parte del sector público relacionado con el comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa. Viví el esfuerzo y la dedicación con los cuales la institucionalidad asume esa tarea.
Son personas absolutamente dedicadas al fortalecimiento de la economía, a la generación de empleo de calidad, dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana, y a la sofisticación de las exportaciones.
Ahí, no se conocen limitaciones de tiempo ni distancia, responden a las necesidades y problemáticas empresariales, cuando sea y donde sea. Se caracterizan por un seguimiento feroz, largas horas de trabajo y diálogo permanente.
Hace tres meses, cambié de silla, al sector privado, y soy una más en un equipo cuyo trabajo se lleva a cabo, también, de manera dedicada, con el fin de atraer inversión extranjera directa.
Un equipo impulsor de los inversionistas para navegar el ecosistema costarricense y establecer operaciones o hacer crecer las ya existentes.
Complejidad. De repente, la labor personalmente vivida en el ámbito estatal se ve silenciada por un clima de negocios cada vez más complejo.
Los inversionistas se enfrentan a trámites que, según sus propias palabras, son los más difíciles del mundo: meses de espera para la obtención de permisos operativos, publicación constante de nueva normativa para hacer la carga pesada a empresas mediante requerimientos y reprocesos.
Como resultado, compañías cierran operaciones o ni siquiera consideran a Costa Rica como un destino de inversión debido a los precios de la electricidad y las cargas sociales.
Estos dos escenarios tan distintos llevan a preguntarse dónde está la fractura entre los esfuerzos incansables del sector público y la realidad del privado.
Si bien, históricamente, Costa Rica se ha posicionado como un país idóneo para el establecimiento de operaciones de alto nivel y sofisticación, dicha imagen se está disipando.
La necesidad de mejora de la competitividad no es reciente, pero se ha materializado su efecto hoy, en tiempos cada vez más acelerados.
Desafortunadamente, las reformas ejecutadas en los últimos años para mejorar el clima de negocios no han calado en la percepción ni en los indicadores.
Son reformas dirigidas a atender problemas muy puntuales, que, cuando son medidas contra el ecosistema en general, no representan una transformación estructural de un Estado cuyo crecimiento lo ha vuelto inmanejable.
Reevaluación. Ante un escenario tan retador, y la urgente reactivación económica, necesitada del apoyo de las empresas como fuentes generadoras de empleo e inversión, es fundamental reevaluar el camino trazado.
Es urgente subsanar la fractura entre lo estatal y lo particular. Urgen espacios integradores de la estatalidad con el empresariado para hacer posibles cambios estructurales que marquen un antes y un después en la competitividad costarricense. De lo contrario, el inversionista se sentirá cada día más invisibilizado, regulado y cargado de trámites.
La inversión extranjera directa, y el círculo virtuoso que esta genera, trae incontables beneficios, tanto tangibles como intangibles. Las empresas se han convertido en la escuela de muchos y han sido la base del sustento de las familias.
Es un momento crítico en la historia de Costa Rica, cuando el sector público y privado, de forma integral, deben trabajar con una meta clara: un clima de negocios alineado al club de las mejores prácticas.
La autora es abogada de BLP.