Cecilia Sánchez. 6 agosto, 2019

El programa de Unidades de Atención Integral (UAI) del Ministerio de Justicia y Paz se planteó como un proyecto del país y como un punto de inflexión en la historia del sistema penitenciario costarricense. Se pretendía abordar el tratamiento de este sistema a partir de una lógica distinta, capaz de apuntar hacia la formación técnica, profesional, educativa y cultural de la población privada de libertad, en un espacio físico adecuado y en condiciones de dignidad. Empezó a gestionarse hace casi 10 años, durante la administración del exministro Hernando París, quien negoció un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo el cual, finalmente, fue aprobado en 2012. Quizás este largo recorrido brinde algunas pistas sobre qué tan difícil puede ser construir obra pública. Al gobierno anterior le correspondió concluir el proyecto.

Las UAI siempre se plantearon desde la óptica de transformar el modelo de atención a las personas privadas de libertad, allí reside su gran valor. Es imposible no estar de acuerdo con la afirmación de que las cárceles tienen efectos criminógenos, al funcionar como escuelas de más delincuencia. La institución carcelaria y su difícil encaje democrático han demandado reformas estructurales desde hace mucho tiempo. Estas unidades se crearon porque consistirían en módulos de oportunidades, similares a los que hay en países del primer mundo, en un ambiente moderno, con una arquitectura urbana, de menor contención y con un cambio en la relación con la policía. Lo anterior permitiría avanzar hacia lo que los expertos llaman la seguridad dinámica, que genera armoniosas relaciones entre población y funcionarios, disminuye los niveles de estrés, evita los enfrentamientos violentos y mejora la calidad de vida de ambos grupos. Todo esto bajo el riguroso compromiso de las personas privadas de libertad de ocupar su tiempo en trabajo y estudio.

Un gran reto. El BID insistió en que este proyecto también suponía un desafío para la propia entidad financiera puesto que nunca habían otorgado préstamos a ningún país para levantar penales. Costa Rica asumió el compromiso de que los casi 70 millones de dólares que pagaremos por los próximos años, serían para rediseñar un sistema penitenciario que garantizara una reclusión para potenciar los procesos de inserción social. Es decir, siempre estuvo presente la idea de darle algún sentido al castigo, sabiendo que quienes ingresaran iban a egresar algún día y su retorno al mundo sería impulsado desde el propio sistema, en condiciones que posibiliten la convivencia y disminuyan los índices de reincidencia. Se hizo una reforma al reglamento interno del Ministerio de Justicia y Paz para asegurar que, como condición esencial, las UAI nunca superarían la capacidad de ocupación con la que fueron construidas.

La sobrepoblación ya afecta a dos de las tres unidades —Reinaldo Villalobos de Alajuela y Pabru Presbere de Pérez Zeledón—. El sistema penal servirá muy poco si privilegiamos el espacio antes que la atención, si no entendemos que estos centros deben servir más que de gavetas para apiñar personas.

El reto principal es permitir una reclusión en condiciones de dignidad, que brinde garantías a la sociedad en el sentido de confiar en que, quienes egresan, contarán con las herramientas para no involucrarse más en actividades delictivas. Por supuesto, debe brindarse acompañamiento pospenitenciario, desde una perspectiva interinstitucional.

Esta es la única forma en que puede abordarse la privación de libertad en una sociedad democrática. Es una apuesta que requiere un alto compromiso estatal a muchos niveles, una comprensión social y un gran apoyo de un sector privado que brinde opciones laborales para estas personas.

Tenemos la tercera población penal más alta de América Latina; podemos seguir construyendo prisiones, pero el hacinamiento no se va a detener. La sociedad debe sensibilizarse frente a esta realidad, debe darse un proceso autoevaluativo para clarificar la razón de ser del castigo y qué esperamos de este. No podemos descargar nuestras frustraciones y carencias en contra de un sector que con la privación de su libertad paga su condena, y que, por sentido común, también requiere de apoyo y acompañamiento para atenuar su realidad y la de su familia.

En fin, no podemos retroceder en los pequeños pasos que marcarán la diferencia en el futuro de miles de personas.

La autora es exministra de Justicia y Paz