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La nueva Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) cuenta con una estructura técnica legítima que controla las presiones políticas por el desempeño de sus funciones; no obstante, por falta de recursos, enfrenta problemas para articular mejor y ejecutar una visión regulatoria cohesiva para la competencia, pues una política antimonopólica sólida es esencial para mejorar la economía.
El país afronta un camino espinoso hacia la recuperación económica. Las decisiones de política pública que se tomen hoy repercutirán durante mucho tiempo.
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Por ello, es necesario asegurar que los pasos que damos para volver a la normalidad no alteren irreversiblemente los mercados y priven a los consumidores de la competencia a largo plazo.
La capacidad y los recursos de la Coprocom son indispensables, en gran parte, para la credibilidad ante las demás autoridades, pero principalmente de cara a la ciudadanía.
Cuanto más apoyo del sector gubernamental haya para la Coprocom, más probable será contar con las herramientas para tomar buenas decisiones.
Pilar económico. Como lo señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su más reciente informe sobre el rol de la política de competencia en la recuperación económica, la ley y la política de competencia no deben verse como un «bien de lujo político» del cual las economías pueden prescindir en tiempos de crisis, sino como un elemento fundamental para el rescate de la economía.
También, la propia OCDE, en su más reciente examen sobre la evaluación de la política de competencia nacional, de julio del 2020, sostiene que la omisión de dotar a nuestra agencia nacional de los recursos necesarios para cumplir eficazmente sus responsabilidades se mantiene.
El presupuesto de la Coprocom es notablemente más bajo que el de otros reguladores económicos y de las agencias de competencia comparables en la región.
Es un tiempo para evaluar dónde nos encontramos en materia antimonopólica y hacia dónde nos dirigimos en esta era de globalización, desregulación y cambio tecnológico.
Línea de defensa para el consumidor. Pensemos en el efecto sobre los consumidores del aumento excesivo de precios o la fijación de estos, las fusiones en mercados concentrados y el ejercicio unilateral del poder monopolístico.
La competencia siempre será la primera línea de defensa: un mercado competitivo es uno que mejora el bienestar de los consumidores. Menos competidores significa más poder de mercado para algunos vendedores y algunos compradores, y más riesgo de coordinación tácita de precios. Al final, los consumidores pagarán más.
La ejecución de una política de competencia objetiva y coherente por parte de una Coprocom fortalecida da como resultado precios más bajos, lo que beneficia a los consumidores, principalmente a las familias que viven en pobreza extrema.
Un crecimiento más rápido también generará recursos para financiar políticas sociales más ambiciosas. La aplicación de la ley de competencia disuelve los carteles, expone a las empresas dominantes que participan en conductas anticompetitivas a una mayor rivalidad y reduce las barreras de entrada, lo que ayuda a las pequeñas compañías a entrar en el mercado y sobrevivir.
Vale la pena repetir la famosa cita atribuida al filósofo George Santayana: «Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo».
Costa Rica depende de la rivalidad vigorosa entre empresas, tanto en los buenos tiempos como en los malos para ofrecernos bienes y servicios de calidad a precios competitivos.
El consumidor nacional sigue teniendo derecho a los beneficios de la competencia, especialmente durante una crisis económica y sanitaria.
El autor es el presidente de la Comisión para Promover la Competencia.
