En los inicios de la República las obras para el abastecimiento de agua potable y tratamiento de las residuales fueron construidas por el gobierno, operadas y administradas por las municipalidades, las cuales tenían a cargo también el mantenimiento y la reparación.
A mediados del siglo XX, el deterioro en el servicio y el abandono de la infraestructura produjeron una gran escasez del líquido y la pérdida de los sistemas en manos de los ayuntamientos.
La crisis obligó a incorporar la ciencia y la tecnología en la prestación del servicio y a crear una instancia cuyo fin fuera el abastecimiento del agua y la recolección, tratamiento y disposición adecuada de las residuales.
En fin, que asumiera las funciones y responsabilidades del Poder Ejecutivo y de las municipalidades, entre estas la inversión en obras nuevas y la expansión y reposición de las existentes.
LEA MÁS: Yamileth Astorga atribuye a pifia con recibos del AyA su salida de institución
Fue así como se fundó el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, hoy Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en el gobierno de Mario Echandi.
La institución inició su labor con un proyecto de emergencia para mejorar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana y, a partir del 1.° de octubre de 1962, asumió el servicio en ocho cantones.
Mejora sustancial. Durante esos primeros años se fortaleció la gestión del recurso hídrico en todo aspecto, desde la planificación hasta el espíritu de servicio.
La fijación de tarifas quedó bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Electricidad, actualmente a cargo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
En 1963 la explotación de las fuentes subterráneas de Puente de Mulas, conocida como la primera etapa del acueducto metropolitano, resolvió el problema de escasez y permitió a la institución abocarse a solventar el problema de la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financió la primera etapa, la segunda se llevó a cabo muchos años después y la tercera lleva medio siglo de estar en ejecución.
La gestión del AyA fue muy eficiente y de gran beneficio para el país hasta principios de la década de los setenta.
- No es un problema político, sino estructural y técnico, que demanda, además, la renuncia del gerente general y la Junta Directiva en pleno y el retiro de algunos mandos medios.
Tras la aprobación de la Ley 4646 y la de presidencias ejecutivas (5507), conocida como 4-3, durante del gobierno de Daniel Oduber, el AyA pasó de ser una institución técnica a una institución política, generando el deterioro de la gestión y una crisis sin precedentes que culminó a principios de la década de los ochenta con la destitución del presidente ejecutivo y los miembros de la junta directiva. Asimismo, se nombró una junta interventora dirigida por Alberto Fait.
Con la acción valiente del entonces presidente de la República Luis Alberto Monge y el apoyo de los funcionarios del AyA fue posible enderezar el rumbo de la institución y ejecutar el proyecto Orosi.
LEA MÁS: Imprecisión en cobro y lluvia de reclamos fuerzan al AyA a reajustar recibos de mayo
Caos interno. La situación actual en el AyA refleja una pobre administración, un sistema comercial obsoleto, cantidades de agua no contabilizada de más del 50 %, gasto que no se ajusta a la realidad del país, legislación que no logra proteger al AyA contra demandas, la ausencia del servicio al cliente que debe ser la razón de ser de la institución, la falta de rumbo, etc.
Lo anterior obliga a una nueva intervención. Con la renuncia de la presidenta ejecutiva Yamileth Astorga no se soluciona la difícil situación, porque no es un problema político, sino estructural y técnico, que demanda, además, la renuncia del gerente general y la Junta Directiva en pleno y el retiro de algunos mandos medios.
El gobierno debe actuar con seriedad y energía, no con paños tibios. Hay que recobrar el espíritu de servicio, o servicio al cliente, y fortalecer la ejecución de proyectos, la planificación y la racionalización del gasto. Lo que hace falta es que el presidente, Carlos Alvarado, quiera hacerlo.
El autor es exdirectivo del AyA.