Es muy temprano para cantar victoria contra el coronavirus, nos encontramos muy al principio de la línea de tiempo de propagación.
Afortunadamente, nuestro sistema de salud, liderado por el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, ha respondido de forma profesional y técnica.
Dos son los objetivos principales: mantener los niveles de contagio relativamente bajos para no saturar el sistema de salud y, a la vez, aumentar la capacidad del sistema y la calidad de atención de los enfermos, especialmente para las poblaciones de riesgo.
En esta batalla, la punta de lanza ha sido la constante campaña de información, actualizada cada día, que ha creado un sentimiento de responsabilidad colectiva en la población y ha diezmado las campañas amarillistas y de fake news, muchas veces yuxtapuestas.
Pero la amenaza es doble. Las personas también afrontan un drama económico, cuyos efectos serán graves y duraderos.
Muy diferente a la respuesta del sistema de salud, la de las autoridades económicas son débiles y “a la tica”. Medidas anunciadas durante los últimos días, como postergar el pago del impuesto sobre la renta, declarar una moratoria de tres meses para el pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA) y flexibilizar temporalmente las reglas de supervisión para facilitar a los bancos arreglos de pago con sus clientes en las categorías 1 y 2, son insuficientes. Tienen bajo impacto real positivo en las empresas.
Las consideramos “a la tica” porque están postergando el impacto económico para unos meses en el futuro. Por ejemplo, retrasar el pago del IVA no va a tener ningún beneficio para los bolsillos de los costarricenses porque el verdadero incentivo en la economía de las familias ocurre por una reducción de los impuestos, que genera un aumento en los ingresos disponibles.
Para que las acciones sean realmente eficaces, deben cumplir dos objetivos: mejorar el flujo de caja de las empresas, especialmente pequeñas y medianas, y aumentar el ingreso disponible de las familias en forma real.
En una situación de tal gravedad, se requiere una acción decidida a través de medidas de choque. Entre las urgentes, están: una reducción generalizada y temporal de la tasa del IVA, una reducción generalizada y temporal de las cargas sociales para pymes y trabajadores independientes, una reducción en el precio de los servicios públicos e incluso considerar una exoneración temporal del pago de electricidad para determinados sectores y poblaciones en riesgo.
Las medidas del Conassif favorecen únicamente a los deudores ubicados en las categorías 1 y 2, lo cual excluye a una enorme cantidad de empresas y personas que no van a tener acceso a la readecuación de sus deudas.
Contando el Estado con tres bancos, que representan un porcentaje mayoritario del sistema financiero, habría sido de esperar una directriz del gobierno más vigorosa en cuanto a readecuaciones y moratoria para los pagos de los sectores arriba referidos.
El Banco Central acertó al reducir la tasa de política monetaria en 100 puntos base, para ubicarla en un 1,25 %, y las tasas de interés, pues sí tienen un efecto directo en la liquidez de la economía.
En cuanto al tipo de cambio, es particular la apreciación del colón en los últimos días. El Banco Central debe estar atento y listo a abandonar su política de no intervención, si identifica que esta apreciación continúa y no obedece las fuerzas naturales de los mercados.
El gobierno, como protagonista del sector económico y único accionista de instituciones clave, como los bancos estatales, el ICE y Recope, tiene la posibilidad de poner los recursos del Estado a disposición de los más golpeados por la crisis.
Está claro que no tenemos la capacidad de inyectar billones a la economía, pero sí existen medios y recursos que pueden ser dirigidos a compensar el impacto de la pandemia de forma más eficiente.
Es necesario recordar que cada país resuelve de acuerdo con sus posibilidades.
Podemos tomar ideas de otras latitudes, pero también tenemos la responsabilidad de generar soluciones endémicas acordes con nuestro Estado de derecho.
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Mariano Miranda es economista y Orlando López, abogado.