Andrzej Baranski y Adriana Casafont. 17 julio, 2020

Dado el aumento de enfermos de covid-19, la saturación del sistema de salud es inminente, lo cual pondría en riesgo el derecho a la atención adecuada y oportuna.

¿Sabe usted en qué orden se asignarán los campos en las unidades de cuidados intensivos si estas colapsan? Es decir, ¿quién tiene derecho a vivir y quién no?

Imagine que solamente queda disponible una unidad de cuidados intensivos cuando ingresen al mismo tiempos dos pacientes: uno de 25 años y otro de 45.

De no atenderlos, ambos morirán en 10 minutos, pues necesitan un ventilador. Si los dos tienen las mismas probabilidades de sobrevivir tras el tratamiento, el criterio de esperanza de vida implica salvar al más joven.

Sin embargo, considere que el paciente de 45 años es padre de tres hijos dependientes de él. ¿A quién salvaría usted?

Alguien deberá tomar una decisión difícil de índole moral: escoger quién vive y quién muere; a quién se le brindará el servicio en cuidados intensivos y quién quedará en espera.

¿Deberá darse prioridad a pacientes por orden de llegada? ¿Por esperanza de vida? ¿Por cantidad de personas dependientes? ¿Por probabilidad de salvar al paciente? ¿Tiene prioridad quien haya cotizado más años a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)?

Estas decisiones no deben dejarse a discreción del director de un hospital o del encargado de la unidad de cuidados intensivos de turno.

Protocolo. Con miras a garantizar un trato equitativo y fundamentado en principios técnicos, las autoridades de Salud deben redactar y hacer público, de forma expedita, un protocolo de emergencia relativo a la prioridad de atención.

El acceso a la información es un pilar de los Estados democráticos y cobra más trascendencia cuando consideramos al ciudadano un accionista de las instituciones estatales.

Los médicos también necesitan un protocolo con el fin de facilitar su labor y obtener respaldo institucional en la toma de decisiones.

Un comité de alto nivel debería conformarlo el presidente de la República de inmediato. El grupo de expertos determinará una fórmula de acceso a las unidades de cuidados intensivos que sea transparente y con sustento técnico.

Debe ser obligatoria en todos los hospitales públicos con el fin de garantizar igualdad. Los miembros del comité deberán contar con altos grados de preparación académica y experiencia, con el fin de desarrollar una visión más amplia en la definición de los criterios de prioridad.

Especialistas en bioética también deben estar en el comité para que provean una perspectiva filosófica sobre el conflicto que, indefectiblemente, generarán los diferentes criterios.

A los ciudadanos les corresponde comprender la encrucijada legal, económica y moral en la cual se encuentran las autoridades de Salud.

Será imposible redactar una fórmula que satisfaga los deseos de todos. Sin embargo, en apego a los principios constitucionales, el presidente debe indicar cómo se utilizarán los escasos recursos públicos para tutelar el derecho a la vida.

Adriana Casafont es abogada y Andrzej Baranski es profesor de Economía.