El gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Jaime Barrantes, se ciñe a la letra del más reciente estudio actuarial (2018) del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) —y a definiciones de diccionario— para dar por equivocado el título “Problemas de insolvencia del IVM comenzarán a partir del 2021”, que encabeza la información en la cual se confirma la frágil situación del principal sistema de pensiones del país.
Señala el funcionario que desde “una perspectiva actuarial, la insolvencia debe entenderse cuando no se puede hacer frente a los beneficios prometidos (gastos de pensiones)”. Añade que el régimen ha cumplido en el pasado sus obligaciones y que en el informe se confirma que “el Seguro de IVM está en un aceptable estado de adecuación financiera a corto plazo, por el período del 2019 al 2030”. Desde esta perspectiva a corto plazo, recalca Barrantes, no puede calificarse el IVM de “insolvente” en el 2021.
El análisis a “corto plazo” de Barrantes logra una pírrica victoria semántica y una dolorosa derrota para los cotizantes del IVM. Técnicamente, en dos años, el sistema aún será solvente, pues seguirá pagando pensiones (he aquí la precisión), pero el objetivo fundamental de un fondo de pensiones de reparto es cumplir sus compromisos a largo plazo porque muchos cotizantes alcanzarán la edad para jubilarse dentro de 20, 30 e incluso 40 años.
En el 2021, comienzan los problemas de solvencia del IVM porque, a partir de ese año, se rompe un equilibrio clave en el sistema administrado por la CCSS. Los ingresos por cotizaciones obrero-patronales y del Estado se vuelven insuficientes para pagar beneficios y se echará mano a los intereses de las inversiones de la reserva para enfrentar las obligaciones con los 281.000 pensionados de hoy.
A esta situación se le conoce como uno de los momentos críticos del régimen, según se expone en la Valuación actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al 31 de diciembre del 2018, documento del cual tiene copia La Nación, pero aún no ha sido difundido públicamente por la CCSS. En la página 60, el estudio cita claramente los años claves para el fondo de pensiones:
“Nótese que: a. Los aportes se vuelven insuficientes a partir del año 2021. b. La reserva empieza a decrecer a partir del 2030. c. La reserva al final del 2037 se vuelve negativa”.
El estudio es claro en que los problemas de solvencia del IVM se agravarán. El régimen es viable a corto plazo, pero no más allá. El sistema no es capaz de garantizarles hoy una pensión a todos los cotizantes.
Los actuarios encargados del estudio lo dejan claro cuando calculan el indicador de cociente de reserva, es decir, en cuántos años la reserva de un fondo de pensiones queda en cero. “El último año en el cual ese indicador es positivo es el 2037, lo cual indica que luego de ese año se tendría una reserva negativa, es decir, que se requiere un subsidio para que el fondo continúe cumpliendo sus obligaciones”, se señala en la página 59 del informe.
Siguiendo los razonamientos del gerente, si en ese momento el régimen recibe el subsidio y logra pagar sus obligaciones, seguirá siendo solvente, aunque los beneficios sean menores.
Sobre el déficit del régimen, la valuación afirma, en la página 71, que el fondo tiene un régimen actuarial de aproximadamente ¢100 billones —en colones traídos a valor presente— para el periodo de análisis, que es de 100 años. Quiere decir que no es capaz de financiar el 51,7 % de los beneficios prometidos durante el periodo analizado (100 años).
Desde el 2015, estudios actuariales independientes, como el de Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. o el de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica han advertido sobre la urgencia de atender los problemas de sostenibilidad del IVM.
Por fortuna, Barrantes reconoce la necesidad de discutir las reformas pronto porque la retórica del corto plazo no será capaz de subsanar los daños a largo plazo, si las decisiones se postergan todavía más.
También fue de plazo corto la alegría causada por las declaraciones del gerente sobre la necesidad de actuar con rapidez. “No tenemos mucho tiempo para reformar el IVM”, afirmó, pero ahora resulta que “se está a tiempo” y “en la institución se reconoce la necesidad de discutir las reformas el próximo año”, ¡un lustro después de las auditorías citadas y a una década desde las primeras alarmas activadas por la Supén!
¿Hay tiempo para qué? ¿Para recortar beneficios, elevar la edad de retiro o aumentar la cuotas? Perdón, los actuarios no sugieren ninguna de esas medidas en específico. Lástima que no haya otras.
oscar.rodriguez@nacion.com y eramirez@nacion.com
Los autores son periodista y editor, respectivamente.