Sebastián Urbina Cañas. 17 septiembre

Estamos en una discusión trascendental sobre el modelo de movilidad. Tenemos la oportunidad de construir un tren eléctrico que conectará prácticamente los más grandes polos de empleo y estudio de la Gran Área Metropolitana, desde Alajuela hasta Cartago.

Un sueño anhelado desde hace décadas, cuyo trazo consistente data del 2004. Hoy, al fin, ya no es un perfil de proyecto, sino un estudio completo de factibilidad.

Claro, como todo sistema de transporte masivo similar, el tren implicará una inversión significativa para la construcción y operación.

Los estudios presentan un subsidio elevado, en un rango de $50 millones a $150 millones anuales, pero el monto definitivo será dilucidado en el concurso internacional y constituirá un factor que distinga a sus oferentes.

El gobierno no ha podido explicar, de momento, la forma de financiar ese subsidio como porción de su contrapartida a la puesta en marcha del proyecto.

Ha dicho en reitereadas ocasiones que saldrá del presupuesto nacional, lo cual provoca preocupaciones comprensibles en diferentes actores políticos.

Triple desafío. Entramos en el problema sobre cómo financiar un proyecto sin aumentar impuestos, algo inviable en la coyuntura actual, cómo no desfinanciar ninguna institución y cómo no aumentar el déficit para poner la obra en marcha.

Suena imposible, pero hay alternativas: utilicemos los diferenciales (aumentos) que se destinan al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de los impuestos sobre los vehículos y la gasolina para mejorar la movilidad de las personas en transporte público.

El Conavi recibe un 21,75 % del impuesto único sobre los combustibles (Ley 8114) y el 50 % del cobrado sobre la propiedad de vehículos (Ley 7798).

Estos dos montos representan el 55 % del presupuesto del Conavi: ¢196.300 millones de ¢340.070 millones del presupuesto total de la institución este 2020.

Para calcular cuánto generaría, veamos el cambio contra el plan de gastos en los últimos cinco años. En el 2015, el Conavi presupuestó ¢160.671 millones (en valor presente) financiados por esos impuestos, es decir, creció ¢38.659 millones (por encima de inflación). Al tipo de cambio actual, representa un aumento de $68 millones.

Adicionalmente a esos recursos, si empezamos a captar ese dinero desde ahora, podríamos generar aproximadamente $150 millones para reducir la inversión necesaria del concesionario en cerca del 15 %: de $1.000 millones a $850 millones.

Lo anterior disminuiría, a su vez, el subsidio en forma significativa porque gran parte de ese subsidio tiene como fin pagar la inversión requerida.

En otras palabras, esta propuesta no solo contribuiría a hacer frente al subsidio, sino también a reducir el monto de la ayuda para la operación al mejorar el aporte estatal a la inversión en capital.

Limitar el crecimiento de los ingresos del Conavi a la inflación no desfinanciará nuestras carreteras. Esta propuesta limitaría únicamente el crecimiento de una parte de sus recursos y dejaría a la institución continuar con el mismo nivel de ejecución que ha llevado hasta el momento con casi $600 millones anuales.

El autor es exviceministro de Transportes.