El efecto de los salarios públicos en el déficit fiscal no sucedió de la noche a la mañana, por tanto, no debe pretenderse una solución a corto plazo, sino de manera gradual, así como se generó el problema.
El primer paso es identificar con precisión el problema, y ni este ni los gobiernos anteriores han sido capaces de hacerlo, o al menos de prestarle atención a quienes oportunamente lo hemos señalado.
La disparidad y desproporcionalidad de las remuneraciones es apenas el resultado visible de un gran fallo histórico.
La falta de regulación y control ha permitido a las más de 300 instituciones estatales crear sus propias clases de puestos y asignar el salario (base y pluses) a su voluntad porque, a la fecha, con excepción de las 47 bajo el Régimen de Servicio Civil, ninguna obedece a ningún régimen ni da cuentas a órgano alguno en esta materia.
La propuesta de crear diferentes regímenes dentro de un gran sistema de empleo público articulado por un órgano rector tiene sentido y viabilidad técnica, pues es más sencillo supervisar y controlar a poco menos de 10 grupos con características similares que a más de 300 de diversa índole.
Para ello, se necesita el conocimiento técnico sobre cómo lograrlo y de la aprobación de una reforma constitucional para poner orden y homologar clases de puestos entre instituciones del Estado de la misma naturaleza (universidades, bancos, empresas, instituciones descentralizadas, municipalidades, Poder Legislativo, Poder Judicial, etc.).
Es necesario señalar, en este sentido, que ese órgano rector debe ser estatal, no gubernamental, como se ha pretendido con el Mideplán, ya que, en materia de empleo público, como se ha evidenciado, se pone en riesgo el principio de independencia de poderes.
Columna vertebral. Los especialistas saben que la columna vertebral de toda organización es la estructura de clasificación de puestos. De ella dependen los procesos de reclutamiento y selección, la capacitación, la evaluación del desempeño y, principalmente, el sistema de remuneraciones.
Mientras se mantengan las estructuras creadas convenientemente y sin regulación por cada una de las instituciones para justificar diferencias salariales, no es técnicamente factible tratar de igualar los salarios sin primero encontrar la forma de homologar los niveles de complejidad y responsabilidad de sus puestos.
Esto último se logra inicialmente conjuntando a las instituciones en regímenes particulares de empleo público para mantener el equilibrio salarial dentro de cada grupo, en términos de equidad y proporcionalidad, y, seguidamente, a mediano plazo, crear un equilibrio entre los distintos regímenes.
Esta labor no es fácil, pero es posible, solo debe contarse con conocimiento técnico y sentido común, y tener un buen respaldo legal y político para garantizar que, en las diferentes administraciones, el país cuente finalmente con un sistema eficiente en la administración de sus recursos humanos (artículos 191 y 192 de la Constitución Política).
El autor fue director general del Servicio Civil.