Ian Vásquez. 14 noviembre, 2019

La renuncia de Evo Morales ha generado el predecible relato, de un sector de la izquierda, de que lo ocurrido fue un golpe de Estado. Los hechos muestran la ridiculez de tal aseveración y la profunda actitud antidemocrática de quienes la sostienen. Pero las narrativas importan a la hora de establecer o mantener la legitimidad. Es así tanto para las sociedades que estarían dejando el autoritarismo —como se supone que es el caso de Bolivia— como para las democracias liberales, como la de Chile, donde la izquierda radicalizada influye cada vez más en las decisiones del gobierno democráticamente elegido.

No tenemos que ser partidarios del presidente chileno, ni desconocer que cierto malestar en su país es justificado, para admitir que en Chile existe una democracia legítima y en Bolivia no.

Los relatos muestran una buena dosis de hipocresía. La izquierda ideologizada demanda la renuncia del presidente chileno y alienta la violencia de una parte de los manifestantes. A la vez, denuncia que en Bolivia se ha “consumado un golpe de Estado”, en palabras de Alberto Fernández, presidente electo argentino, quien culpa en parte a “la pasividad del Ejército” ante las protestas de estas semanas en contra de Morales.

No tenemos que ser partidarios del presidente chileno, ni desconocer que cierto malestar en su país es justificado, para admitir que en Chile existe una democracia legítima y en Bolivia no.

Recordemos el historial de Morales en el poder. Fue elegido en el 2005 y luego de llegar al poder en el 2006 convocó una Asamblea Constituyente que produjo una nueva Constitución ilegal porque se aprobó por una mayoría simple, no por los dos tercios que requería la Constitución vigente. No obstante, se llegó a un acuerdo político con la oposición para que el presidente no pudiera ser reelegido más de una vez, según la nueva carta magna. Morales violó esa garantía en el 2014, cuando la Corte Constitucional, bajo su control, le permitió reelegirse por segunda vez al no considerar su primer período bajo la vieja Constitución. En el 2016, Morales convocó un referendo para ser candidato otra vez, pero el pueblo lo rechazó. Entonces, desconoció el resultado y el sumiso Tribunal Constitucional le permitió aspirar a otro mandato, desconociendo la propia Constitución.

El mes pasado, cuando era evidente que Morales no iba a ganar en la primera vuelta, cometió fraude, cosa por la que los bolivianos llevaban semanas protestando y que este fin de semana una auditoría de la Organización de los Estados Americanos confirmó. Luego de que saliera ese informe, de que renunciaran miembros de su gobierno y agencias del Estado, de que la policía en buena parte de Bolivia se sumara a las protestas y de que las Fuerzas Armadas rehusaran reprimir al pueblo, dimitió.

¡Qué diferencia con Chile! La alternancia del poder se ha dado desde el regreso de la democracia en 1990, aunque la izquierda ha gobernado la mayoría del tiempo. Durante ese período, la Constitución ha sido cambiada numerosas veces y legitimada por esos partidos. Sin embargo, la izquierda extrema, que quiere derrocar al presidente, dice que Chile ha vivido 30 años de fracaso, a pesar de los hechos que cuentan otra historia.

Los hechos importan, pero también el relato. En Chile, el de la izquierda ha logrado que el gobierno acepte convocar una Asamblea Constituyente. En Bolivia, importará cómo se retoma la vía democrática. Debe ser de manera legítima y ser vista así. La izquierda hará lo posible para deslegitimar el proceso. Cómo se entienden los hechos importará para una futura democracia boliviana.

El autor es director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Instituto Cato.