Chih Hao Chen Ku. 7 julio

La pandemia ha tenido un gran impacto en nuestro sistema de salud. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha debido incurrir en cuantiosas inversiones para atender la emergencia nacional.

El golpe económico de la crisis es significativo. Por un lado, gran cantidad de personas perdieron su empleo y con la reducción de las cuotas obrero-patronales disminuyeron los ingresos de la CCSS.

La otra pandemia es la obesidad y sus consecuencias. La población costarricense ha ido aumentando de peso en los últimos años, y hoy el 60 % de la población, aproximadamente, sufre sobrepeso u obesidad.

La consecuencia es el incremento en la prevalencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer, osteoartrosis, enfermedad cardiovascular y muerte prematura.

El impacto financiero de la atención de esas enfermedades consume una proporción significativa de los recursos de la CCSS.

Acciones insuficientes. Las medidas de salud pública orientadas a reducir la obesidad son escasas y de poco impacto. A pesar de las campañas para educar sobre alimentación saludable, incentivar la actividad física y limitar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos densos en energía en los comedores estudiantiles, el número de personas con obesidad sigue creciendo.

Una de las estrategias utilizadas en varios países es gravar las bebidas azucaradas con el objetivo de desincentivar la compra de estas y, así, limitar el consumo de calorías para aplanar la curva de crecimiento de la obesidad.

Países como México e Inglaterra, y algunos estados en los Estados Unidos lo han hecho. La magnitud de este impuesto varía en cada país y, por ende, lo recaudado también.

Se ha visto que el consumo de bebidas azucaradas se reduce cuando existe el impuesto y, por tanto, aumenta el consumo de agua.

En algunos lugares, las porciones de las bebidas azucaradas disminuyen con el fin de mantener el precio.

La mayoría de los países excluyen de este impuesto las bebidas saludables como la leche (no saborizada y sin azúcar añadido) y el agua.

Otros, como México, muestran que este cambio de conducta tiene más aceptación en los grupos de menos ingresos, los cuales registran también más prevalencia de obesidad y sus complicaciones.

Aprovechar la crisis. En la coyuntura actual, es tiempo de discutir la conveniencia de este impuesto o no. La ventaja es que sería una fuente de ingresos frescos para la CCSS. Además, incentivaría el consumo de bebidas no calóricas y esto impactaría en el desarrollo futuro de obesidad.

La contraparte y lo negativo del impuesto es que representa una carga más en un momento cuando la población vive una situación económica difícil. Sin embargo, el consumidor siempre va a tener la posibilidad de tomar agua o comprar bebidas sin impuesto.

La medida tendría un impacto directo en la industria de bebidas y podría generar más desempleo, pero las obligaría a reinventarse y a comercializar productos con menos cantidad de azúcar y calorías.

Esta reingeniería tiene costos por considerar. Otro argumento en contra es el hecho de que no hay una clara demostración en los países donde se cobra que se reduzca la incidencia de sobrepeso, obesidad o algunas de las enfermedades que lo acompañan, pero puede ser por falta de tiempo aún.

Por supuesto, esta no es la solución definitiva para los problemas de sobrepeso en la población. El problema es mucho más complejo. La solución es multifactorial e incluye seguridad ciudadana, educación nutricional, promoción de actividad física y estrategias para manejar la salud mental, entre otros.

También sabemos que muchas veces la comida saludable es más cara que la comida rápida. Todas estas medidas requieren inversión de recursos públicos. Si no cambiamos la curva en la tendencia al crecimiento de la obesidad, el impacto para la población será mucho más grave que la covid-19 a largo plazo.

Así como vemos un aumento exponencial en el contagio del nuevo coronavirus, la prevalencia de diabetes mellitus en la población adulta pasó del 6 % a principios de los noventa a más del 12 % en estos momentos.

¿Cuál es una opción para financiar a la CCSS? ¿Aumentar cuotas obrero-patronales? ¿Otros impuestos? ¿Más aporte estatal? Soluciones de esta naturaleza significarían costos para todos y limitarían la contratación de personal.

No afirmo que el impuesto a las bebidas azucaradas sea la solución al problema financiero de la CCSS, pero por lo menos no es un impuesto para toda la población. Sería un ingreso que ayudaría a paliar la caída en los ingresos de la institución.

No es un asunto sencillo. Sin embargo, vale la pena discutirlo, buscar un mecanismo que ayude a financiar la atención de la salud del costarricense y, a la vez, tratar de prevenir enfermedades crónicas a largo plazo.

El autor es médico cirujano, especialista en endocrinología.