Luis Antonio González. 8 mayo

En setiembre de 2017, en el marco de una de las mayores crisis de su legitimidad, la Corte Plena anunció la creación de 10 grupos de trabajo cuyo objetivo sería fortalecer la confianza en el Poder Judicial y propiciar cambios urgentes en áreas fundamentales del quehacer institucional.

El primero de estos grupos se enfocaba en un asunto sobre el cual mucha tinta se ha derramado y cuya importancia trasciende todo esfuerzo coyuntural: el nombramiento de los magistrados.

El proceso encargado constitucionalmente a la Asamblea Legislativa ha demostrado históricas debilidades que se traducen en un menoscabo a la tan maltratada independencia judicial. Desde la discrecionalidad de la comisión de nombramientos para establecer el mecanismo de selección previa hasta la posibilidad de que el plenario escoja a una persona que ni siquiera participó en la terna.

Esas debilidades han sido señaladas consistentemente por ciudadanos que, de manera objetiva e independiente, han analizado cada fase del procedimiento. Tanto el primero como el segundo panel independientes para la elección de magistraturas coinciden al señalar que estas falencias son una amenaza para nuestra democracia porque dejan abiertos portillos para que la elección no solo recaiga en una persona sin idoneidad para el cargo, sino que permite que intereses político-partidarios, gremiales o sectoriales, empañen y debiliten nuestro Poder Judicial.

Frente a esta situación, la iniciativa de la Corte Plena fue un refrescante rayo de esperanza que nos recordó que, incluso en los momentos más oscuros, nuestra institucionalidad tiene la madurez necesaria para salir de su enfrascamiento y avanzar con decisión hacia la reforma que la sociedad viene clamando con urgencia.

No obstante, y a pesar de la precariedad de la situación, algunas voces dentro del Poder Judicial insisten en vendarse los ojos y pretenden volver a la época del oscurantismo y el secretismo. Esas voces, que siempre han estado allí, desean que este esfuerzo, insuficiente aún, pero genuino en sus intenciones, sea desechado para permanecer en la peligrosa comodidad del statu quo.

Este es el momento propicio para que la Corte Plena, en congruencia con los esfuerzos por una justicia abierta, nos envíe una señal sobre la voluntad real de reformarse, y proceda a conocer y dictaminar su visión sobre este proceso. No será la primera y única versión de la reforma, pero sin duda es fundamental que el Poder Judicial revele a la sociedad y al resto del sistema político su criterio al respecto. ¿Y qué tema más urgente que la fuente original del deterioro de la independencia judicial que el proceso de nombramiento de los magistrados?

El más reciente intento de conocer los insumos elaborados en el seno de la Corte fue presa de una votación empatada (11-11), lo cual evitó entrar en la discusión. Aunado a esto, los productos elaborados por los otros ocho grupos (ya fue dado a conocer el proyecto de ley de carrera fiscal) duermen el sueño de los justos, con posibilidades de no ver nunca la luz. El costo de echar marcha atrás trasciende por mucho las consecuencias de algunos titulares negativos: hoy, igual que hace año y medio, nos jugamos la legitimidad del pilar de nuestra democracia.

El autor es internacionalista.