Enrique Egloff. 11 febrero

La información dada a conocer por el Ministerio de Hacienda sobre el desempeño de las finanzas públicas en el 2019 enciende una luz roja, tras registrarse un déficit financiero del 6,96 % y un déficit primario del 2,8 % del PIB, cifras muy superiores a las proyecciones del Banco Central en julio del año pasado: 6,3 % y 2,1 %, respectivamente.

Los resultados alertan sobre la situación de las finanzas públicas y sobre los esfuerzos, particularmente con respecto al gasto corriente, para lograr la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.

Si bien una parte significativa del crecimiento de los gastos totales sin intereses obedece a la aceleración de la inversión pública (aumento de un 49,9 % con respecto al 2018) financiada con deuda externa, el incremento del déficit primario se explica por un acrecentamiento sustancial de otros gastos corrientes, como las transferencias, que crecieron un 8,8 %; la compra de bienes y servicios, un 3,7 %; y las remuneraciones, un 3,4 %.

Este último rubro refleja una desaceleración producto de la aplicación de las regulaciones de pluses salariales contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y es un fenómeno que sigue creciendo considerablemente, sobre todo si se le compara con la inflación del año que cerró en un 1,51 %.

El aumento del déficit primario, combinado con el incremento del gasto de intereses por la deuda (23,5 %), no solo significa un déficit financiero del Gobierno Central más elevado, lo que a su vez se refleja en una mayor deuda como porcentaje del PIB (58,5 %), sino que aleja al país de la senda hacia la sostenibilidad fiscal proyectada por el Banco Central.

Proyectar confianza. A pesar del incremento de los ingresos tributarios, provistos por la entrada en vigor de la regla fiscal, es probable que los resultados fiscales del 2019 incidan en la confianza de los agentes económicos, lo cual afectaría las condiciones para la reactivación económica.

Para recuperar la actividad económica en el 2020, se requiere generar más confianza en los agentes económicos y, para ello, es imprescindible que el país avance por una ruta clara que mejore la situación fiscal, sin mayores desvíos de las proyecciones del Banco Central.

Es prioritario cumplir la regla fiscal y que todas las instituciones públicas, incluidos el Poder Judicial y las universidades, sin ningún tipo de excusas, apliquen las disposiciones sobre pluses salariales contenidas en la ley y que la Contraloría ha ordenado observar.

Tareas pendientes. Resulta vital la modernización tecnológica del Ministerio de Hacienda para mejorar el combate a la evasión, pero también para facilitar y reducir la complejidad y el costo del cumplimiento tributario a los contribuyentes.

No se deben establecer requisitos y controles innecesarios y excesivos, además de ilegales, porque afecta la competitividad, mientras el contrabando y la informalidad crecen día tras día.

Es urgente aprobar la reforma del Estado y la ley de empleo público que promueva la eficiencia. No es posible seguir por la ruta de la contingencia del gasto con acciones como las de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), la capitalización al Banco de Costa Rica (BCR) por la absorción de Bancrédito o mantener empresas estatales que sufren pérdidas recurrentes, o por la vía de que los ahorros logrados en ciertas áreas se dirijan a nuevos destinos.

La situación actual es el resultado de una posposición de decisiones esenciales, incluidas las acciones para revertir el crecimiento del déficit fiscal.

La Cámara de Industrias ha elaborado propuestas para el crecimiento económico, como energía a precios competitivos, reducción acelerada de la tramitomanía, transformación de la institucionalidad para impulsar la innovación e incrementar la productividad, mejorar la formación para el trabajo y el emprendimiento y promover los encadenamientos productivos para aprovechar las oportunidades de la cuarta revolución industrial que estimulen el crecimiento económico a corto y mediano plazo.

Urge impulsar la agilización de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, emitir reglamentos para incentivar inversiones en geotermia de baja entalpía, generación eléctrica distribuida y gas natural, entre otros.

Es fundamental priorizar la agenda de la Asamblea Legislativa para aprobar proyectos que reactiven la economía y resuelvan los problemas estructurales citados: jornadas de trabajo excepcionales, reforma a la ley del INA, creación de la agencia de innovación.

Asimismo, se deben excluir aquellos que lesionan más la competitividad, como los proyectos de inspección laboral, supervivencia de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) —que crean más impuestos sobre los hidrocarburos, mediante la ley de combustibles y Ecoena— o los que imponen otros gravámenes y prohíben o regulan la producción, por ejemplo, la Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos. Estas iniciativas ocasionan incertidumbre, aumentan los costos de producción, afectan el empleo y producen desconfianza a las empresas y a los inversionistas.

El autor es presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.