El 20 de noviembre empezó la consulta pública de un nuevo reglamento de investigación biomédica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La norma no solo resulta sustancial para la CCSS, sino muy significativa para el país, por cuanto el desarrollo científico depende de estudios observacionales e intervencionales que demuestren la seguridad y eficacia, entre otros, sin ánimo exhaustivo, de pruebas y dispositivos médicos, fármacos y vacunas.
Sabemos, por errores y atrocidades cometidos en el pasado, que la investigación biomédica debe llevarse a cabo con una implacable rigurosidad y validez científica, a lo que se suma la regulación ético-legal que tutele los derechos y la dignidad de los participantes en las investigaciones.
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La lectura del reglamento que propone la CCSS despierta una justificada preocupación en investigadores, comités de bioética y la comunidad científica nacional e internacional porque en los artículos del 5 al 10 propone un «nuevo» departamento administrativo, que en nada resulta innovador, pues se trata de la fusión de dos unidades ya existentes.
Por su naturaleza, estas unidades deben estar separadas, porque una realiza funciones de control y regulación y la otra, actividades de promoción y manejo de recursos económicos.
Unirlas causaría un potencial conflicto de intereses, además de que retrasaría la investigación biomédica, ya que la «nueva» unidad deberá crear sus procesos de trabajo, etc.
El reglamento choca, asimismo, con normas de mayor rango jurídico, y pretende concentrar el poder en una sola estructura, a pesar de que históricamente hemos visto terreno fértil para la corrupción cuando no hay independencia de criterio.
Si bien la CCSS requiere un reglamento ajustado a los nuevos contextos científicos, lo propuesto podría comprometer elementos éticos y jurídicos vitales en materia de transparencia, y enfrentamiento de intereses particulares en lo referente a la investigación biomédica.
Para que en la CCSS se efectúe investigación colaborativa y con patrocinio externo —con fin comercial directo o indirecto—, la regulación que se proponga no solo deberá cumplir los más altos estándares éticos, sino también asegurar principios como los de probidad e independencia de criterio y evitar los conflictos de intereses en la gestión de la inversión pública y privada.
La transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales, así como proteger la credibilidad científica, que no puede verse amenazada, y principalmente la salud y la vida de las personas.
ale24alfieri@yahoo.es
El autor es médico bioéticista.