Enrique Sánchez Carballo. 19 julio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reveló el jueves que el desempleo alcanzó en el último trimestre la histórica cifra del 20,1 %. En otras palabras, 468.000 desempleados.

La estadística se suma a las proyecciones de caída de la economía, que podría superar el 3 %; al aumento del déficit a un 9 %, aproximadamente; y un nivel de deuda superior al 68 % del PIB.

Son las consecuencias del encuentro de desafíos estructurales no resueltos por el Estado con la crisis económica y social originada por la pandemia. Diferentes organismos internacionales la consideran ya la peor crisis mundial desde la Gran Depresión.

Quienes ostentamos cargos de decisión en este momento histórico desempeñamos un papel fundamental en la atención de la crisis, que debe ser guiado por dos principios: solidaridad y responsabilidad.

Solidaridad implica comprender que miles de personas perdieron sus empleos o fuentes de ingresos y, por tanto, a los demás nos corresponde aportar de manera excepcional para garantizar las necesidades básicas a quienes nos necesitan.

Responsabilidad significa apartar banderas partidarias y tomar decisiones, no todas fáciles ni felices, pero necesarias para superar la crisis y enrumbar al país hacia un mejor destino.

Opciones. En la Asamblea Legislativa se encuentra una amplia agenda de iniciativas propuestas por el Ejecutivo y las fracciones legislativas, que deben ser abordadas a la luz de esos dos principios.

El presupuesto extraordinario presentado por el Ejecutivo contiene los recursos necesarios para financiar bonos proteger, que se convirtieron en el único ingreso para miles de familias durante estos meses.

También aporta recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyos ingresos decrecieron y al mismo tiempo aumentaron los gastos como actor central en la atención de la emergencia sanitaria, gestión que me enorgullece.

El presupuesto también contempla cuantiosos recortes, que deben entenderse en el marco de una reducción de los ingresos del Estado por ¢1,2 billones. Es decir, no es dinero existente que queda en las arcas del Estado o se dirige a otros fines.

Son recursos que, si no se ajusta el presupuesto, probablemente no se girarán de todas maneras, ni siquiera intentando financiarlos con deuda.

Esos recortes no tienen el objetivo de afectar la inversión en obra pública, vivienda, programas sociales y, mucho menos, la educación.

Sacrificios. La reducción generada por la pandemia implica sacrificios, pero ante ellos se impone la responsabilidad de resguardar las finanzas públicas, que no es otra cosa que proteger la existencia de nuestro Estado de derecho para que siga respondiendo a la ciudadanía cuando más lo necesita.

Junto con este presupuesto, es imprescindible avanzar en la obtención de los créditos que permitirán cambiar deuda cara por deuda más barata. Dicho de otro modo, pagar menos intereses. También precisa una improrrogable reforma a los regímenes de empleo público y a instituciones para que generen eficiencia y ahorro.

Es una obligación ética que quienes ocupamos cargos de alta remuneración pongamos en la mesa alternativas para una contribución excepcional.

El gobierno plantea una reducción de jornadas de un 15 %, incluidos los diputados, jerarcas de instituciones públicas, miembros de juntas directivas y funcionarios.

Pueden surgir dudas sobre el impacto, pero a la par de la duda debería venir la propuesta para concretar lo antes posible nuestra contribución, poner en la mesa otras opciones de apoyo de parte de sectores con mayor riqueza y de algunos exentos.

El camino de la recuperación será largo, aquí y en el resto del mundo, y requerirá de la mejor versión de todos los actores políticos, sociales y empresariales.

Pero todo tropiezo en este primer trayecto, momento de responsabilidad para resguardar las finanzas públicas y solidaridad con los más afectados, puede costar muy caro, y ya no habrá marcha atrás.

El autor es diputado.