Antes de la pandemia, Centroamérica ya sufría una crónica incapacidad material y política para garantizar condiciones mínimas de bienestar a amplios sectores de la población y para que sus economías crecieran a partir de dinámicas productivas modernas y de alto valor agregado.
No emprendimos antes las acciones para hacerlo, los márgenes de maniobra son hoy más limitados y la necesidad de concretarlos se torna mucho mayor.
Enfrentar la covid-19 y diseñar estrategias para superar sus efectos implica no solo una gran dosis de creatividad, sino también de responsabilidad, no únicamente de los gobiernos y las instituciones, sino también de los demás actores sociales, políticos y económicos de las sociedades en su conjunto.
Asimismo, requiere una mirada distinta y nuevos instrumentos y argumentos para analizar nuestra realidad y pensar el futuro. No hacerlo conllevará una profundización de los efectos de la crisis y del deterioro que teníamos antes de su llegada a la región.
La nueva mirada debería incluir el reconocimiento de que lo nacional y lo regional son dos caras de una misma moneda.
Para países pequeños como los centroamericanos es fundamental y estratégica la acción conjunta. Más allá de sus diferencias, ninguno tiene capacidad para enfrentar por separado la compleja realidad generada por el virus SARS-CoV-2 y sus amplios y diversos impactos en lo económico y social.
La dimensión nacional es importante, pero insuficiente para optimizar esfuerzos y aprovechar oportunidades compartidas.
Transportistas y matrimonio igualitario. Dos hechos ilustran que no vamos por buen camino. El primero tiene que ver con el poco aprovechamiento de la integración regional como espacio para construir estrategias y propuestas para enfrentar la pandemia.
Lo ilustra la posición adoptada por los gobiernos de la región en la reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (Comieco), celebrada esta semana, en la cual se discutieron las medidas propuestas por Costa Rica para regular el ingreso de transportistas al país, a raíz de la detención de una cantidad creciente de choferes infectados por el coronavirus.
Dichosamente, un golpe de timón corrigió el rumbo y, como resultado de un proceso de diálogo técnico y político, se formuló una propuesta regional de protocolo para el transporte de carga. Más de esto necesitamos, pues, a grandes males, grandes soluciones. La prioridad debe ser brindar condiciones de salud y seguridad a las personas y el comercio.
El segundo hecho se refiere al ámbito nacional y evidencia la tentación y los riesgos de, en una pandemia, debilitar la ya frágil institucionalidad democrática.
La moción presentada por el diputado Eduardo Cruickshank y otros con miras a posponer la entrada en vigor del matrimonio igualitario, el 26 de mayo, muestra ese mal síntoma.
Lo preocupante en este caso no es solo distraer la atención de la Asamblea Legislativa de proyectos prioritarios para atender la emergencia, sino que la iniciativa propuesta pretendía desacatar una resolución de la Sala Constitucional que, en agosto del 2018, dictaminó que la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos era vinculante para el país.
Por el bien común. No es responsable ni sensato en ningún momento, y menos en las condiciones actuales, colocar intereses particulares, políticos o de otra naturaleza sobre el bien común, la protección de la salud y la vida de las personas, y la tutela y protección de los derechos humanos y la institucionalidad democrática.
Bien haríamos al asumir un rol más activo y vigilante en relación con estos asuntos y llamar a cuentas a nuestros representantes para señalarles el rumbo correcto. Ello es parte de la democracia y, también, de nuestra responsabilidad indelegable al elegirlos.
No sabemos cuándo superaremos la pandemia. Lo cierto es que los síntomas descritos no responden a lo que necesitamos para enfrentar nuestra situación actual, tampoco para sentar bases sólidas para construir un futuro distinto y mejor.
albertomora@estadonacion.or.cr
Coordinador de investigación del “Informe estado de la región”.