Hace más de 50 años, el reglamento de la Asamblea Legislativa no sufre profundas modificaciones y, desde luego, no responde a la actual composición multipartidista, ni contribuye a detener la tentación cada vez mayor de algunas minorías, que pretenden impedir la tramitación de proyectos de ley y su votación.
El actual reglamento legislativo, lejos de impedir el obstruccionismo parlamentario, lo fomenta. Esta es una práctica, en la cual un solo diputado puede paralizar la tramitación de una ley, apoyados en interminables discusiones, producto del uso abusivo de la palabra y de “carretillos” de mociones.
Fallos de la Sala Constitucional han establecido:
“'El derecho parlamentario se caracteriza por ser espontáneo, dinámico y flexible. Se nutre de la cotidianeidad, de la realidad política en que opera y donde se producen transformaciones constantes que hacen necesarias respuestas normativas, muchas veces contrarias a los dogmas clásicos de otras ramas jurídicas'” (Resolución Nº 2007-9699.Op. cit. P.44).
Contradictoriamente, es la misma Sala Constitucional la que, aplicando velada y erróneamente principios del Derecho Penal y Administrativo, ha deslegitimado la potestad constitucional de la Asamblea Legislativa de regular su actuar, rechazando iniciativas por el procedimiento que han sido apoyadas, incluso, por más de 38 diputados.
Un nuevo reglamento. La fracción del Partido Liberación Nacional ha presentado un proyecto de reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa que propone:
a) Establecer plazos mínimos de votación –un mes en comisión y otro mes en plenario– y en caso de querer prorrogar dicho plazo, se requerirá de 38 votos.
b) Reducir los tiempos establecidos para el uso de la palabra, otorgando un plazo máximo de 10 minutos, tanto para intervenciones durante la discusión de los proyectos de ley, como para la discusión de asuntos varios.
c) Proporcionar carácter vinculante a los acuerdos tomados en reunión de jefes de fracción, que representen al menos treinta y ocho diputados.
d) Crear un procedimiento para pedir y establecer nulidades, en virtud del cual, si no se ejerce, las nulidades relativas resulten convalidadas, siempre y cuando no se lesionen principios democráticos esenciales.
e) Regular la presentación de mociones de fondo y reiteración en el plenario, impidiendo así su abuso.
f) Aumentar los horarios de trabajo en las diferentes etapas del proceso legislativo y de control político, con más horas de trabajo en comisiones y plenario.
Este nuevo reglamento, en su esencia, busca homologar el plazo de discusión y tramitación de los proyectos de ley al trámite del presupuesto de la República, con lo cual un proyecto de ley, al iniciar su discusión, contaría con una fecha certera de votación final, garantizando calidad, transparencia y eficiencia de la ley.
Si esto es posible en la tramitación de una ley tan compleja como el presupuesto de la República, con mucha mayor razón se puede aplicar en una ley de procedimiento ordinario.
Asamblea más eficiente. La aprobación de estas propuestas tendrán como resultado que los proyectos de ley sometidos a discusión tarden únicamente de tres a cuatro meses para su votación en primer debate, contados desde la fecha en la que son presentados ante la secretaria del Directorio.
Hoy vivimos en una sociedad que avanza vertiginosamente, donde la tecnología se supera constantemente a sí misma, y la globalización inunda todos los países sin determinar si son poderosos, pobres, fuertes o débiles.
Frente a esta realidad, el país debe contar con legislación actualizada, que garantice a unos y otros, no solamente reglas claras, sino la compensación necesaria a los desequilibrios que esta globalización genera.
Reformar nuestro reglamento legislativo es el primer paso para alcanzar la eficiencia; es el instrumento fundamental para garantizar al diputado, y sobre todo al ciudadano, legislación oportuna y eficaz, que le permita construir siempre un futuro mejor.
Todas estas propuestas son necesarias para la adaptación de nuestro reglamento interno de la Asamblea Legislativa, a una realidad sociopolítica distinta, para regular un esquema pluripartidista en donde las demandas de la sociedad civil son cada día mayores, de ahí que resulte imperativo que el primer poder de la República tenga un nuevo reglamento que permita trabajar de forma más eficiente, con plazos y procedimientos determinados, que busque siempre la resolución final de los asuntos, y así poner fin a uno de los mayores desprestigios legislativos: el obstruccionismo parlamentario.