Fecundación in vitro

El proyecto sobre la FIV no cumple con las recomendaciones de la CIDH

El Estado costarricense tiene una amplia historia de respeto a los derechos humanos y así debe permanecer. Por ello, como Defensoría de los Habitantes, sostenemos que se debe acatar siempre las recomendaciones del Sistema Interamericano, a través de medidas legislativas, administrativas o judiciales, que sirvan para garantizar el pleno goce de los derechos humanos.

De tal forma, en la Defensoría de los Habitantes, apoyamos la fecundación in vitro (FIV), pero no mediante la técnica médica prevista en el proyecto de ley #17900, que se encuentra en la corriente legislativa, pues incumple con las recomendaciones que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este documento violenta los derechos de las mujeres, no garantiza el acceso universal a la técnica mediante los servicios públicos y privados, no desarrolla un método de fecundación in vitro viable y, por ello, creemos firmemente que debería trabajarse en un texto sustitutivo. En síntesis, los alcances de tal proyecto en la actualidad están fuera del marco de los derechos humanos y eso debe ser corregido con urgencia.

Violación a derechos. Veamos algunos artículos del proyecto que violentan los derechos humanos. El artículo 3 dice que solo las mujeres con buena salud física y psíquica pueden ser sujetos de fecundación in vitro. Entonces, en semejante amplitud conceptual y de redacción ¿qué pasaría –por ejemplo– con una mujer diabética? O bien, ¿se valora psicológicamente a las mujeres embarazadas de modo natural?

Por otro lado, al leer integralmente la propuesta, se evidencia que se refiere únicamente a los derechos de la persona por nacer (artículo 6) y no dice absolutamente nada de los derechos que asisten a las mujeres, quienes son las que recibirán en sus cuerpos la técnica de fertilización in vitro.

Esto constituye sin duda, una tutela desproporcionada de los derechos, que debe enmendarse. Valga decir que el artículo 8 también es un peligro para las mujeres, porque se refiere a que ¡todos los óvulos fertilizados deben ser transferidos al cuerpo de la mujer que los produjo! Es decir, no puede conservar óvulos fertilizados como para que, si no le resultara la primera implantación, pueda hacerse una segunda o tercera de ser necesarias.

Tampoco puede guardarlos, como para pensar en un segundo hijo, ya que, si quisiera tenerlo, deberá someterse de nuevo al tratamiento médico, lo cual redunda en nuevas complicaciones y desgastes físicos con distintas afectaciones médicas, tanto como importantes erogaciones económicas.

Lo anterior sin profundizar, por ejemplo, en el hecho de que las técnicas de reproducción asistida inciden en que se eleve la multigestación y particularmente la extrema (triples, cuádruples y más), que, si bien suelen concebirse como una bendición, en muchos casos por sus características, pueden generar embarazos con partos prematuros, asociados a un importante aumento de la morbilidad perinatal.

Entonces, de nuevo nos preguntamos ¿dónde quedó la protección de las mujeres? ¿Adónde se fue la obligación impuesta a nuestro Estado, emanada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No lo sabemos porque, al menos con este artículo, estamos ante un procedimiento que amenaza la vida, la salud y la integridad corporal de las mujeres y, en consecuencia, los derechos de toda pareja que desea tener un hijo y que para ello, debe utilizar la técnica de fertilización in vitro.

Legislación moderna. El Estado costarricense debe desarrollar una legislación, basada en criterios técnicos, científicos y a tono con los grandes avances que existen en la mayoría de países del mundo, que garantice la protección de los derechos de las personas, pero con este proyecto no lo está haciendo y más bien se expone a las mujeres y a sus bebés a un procedimiento que atenta contra su vida y su salud.

De tal forma, como Defensoría consideramos que el proyecto no cumple con las recomendaciones de la CIDH y que la violación a los artículos 11.2, 17.2 y 24 de la Convención Americana, señaladas por ese organismo, se mantienen. Por ello, de nuevo sostenemos que el proyecto debe ser descartado y que se debe elaborar una propuesta integral y, sin duda, respetuosa de los derechos de las mujeres, de las personas no nacidas y de la pareja en su conjunto.