El 1.° de agosto del 2017 el entonces presidente Luis Guillermo Solís, en cadena nacional de radio y televisión, no le dijo la verdad al país. Ese día manifestó: “El gobierno enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales”.
Revisé con sumo cuidado la situación de liquidez del gobierno con anterioridad a ese 1.° de agosto. Me centré, específicamente, en los siete primeros meses del 2017. Después de revisar la información histórica sobre canjes de deuda, subastas inversas y colocaciones de bonos del Gobierno en esos siete meses, concluí que, en ese momento, no había tal falta de recursos para pagar las obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales.
Los montos de deuda canjeados durante el primer semestre del 2017 son prácticamente idénticos a los del primer semestre del 2016, ¢451.457,9 millones y ¢452.819 millones, respectivamente.
Las subastas inversas tuvieron un comportamiento similar: ¢35.137,2 millones en el primer semestre del 2017 y ¢46.674 millones en el primer semestre del 2016.
Las ventas totales de bonos del Gobierno, agregando dólares y colones, también tuvieron un movimiento normal: en el primer semestre del 2017 fueron de ¢1,2 billones y ¢834.396,6 millones en el primer semestre del 2016
Si solo ponemos la lupa en los meses de mayo, junio y julio del 2017, no obstante una leve desaceleración, lo sucedido en los mercados calza dentro de los estándares normales.
Aunque en mayo no hubo canjes de deuda, sí los hubo en junio por ¢72.840,4 millones y en julio por ¢115.401,2 millones y se registraron ventas de bonos en mayo, junio y julio por ¢123.040 millones, ¢53.704 millones y ¢28.880 millones, y por $147 millones, $269,1 millones y $90,2 millones, respectivamente.
Consecuencias. La falta del expresidente Solís no es solo indiscutible y flagrante, sino también sumamente grave. Con posterioridad a su discurso, sí se produjo una iliquidez, que hasta la fecha seguimos sufriendo. La carencia de fondos ha producido desconfianza, un alza en las tasas de interés, un evidente cambio en las preferencias de los inversionistas por títulos denominados en dólares, un aumento preocupante en el tipo de cambio y una caída dramática en las reservas del Banco Central de Costa Rica.
Lo anterior genera una desmejora directa y dolorosa en la condición económica de los costarricenses quienes tienen deudas en colones, pero, especialmente, en dólares.
La iliquidez de finales del año pasado se solventó con la venta de bonos por ¢490.536,7 millones, hecha en diciembre del 2017; 171.384,8 millones en moneda local y 562,3 millones en dólares, de los cuales $333 millones fueron adquiridos por medio de un solo intermediario bursátil. Si bien se colocaron en el mercado local, se compraron, evidentemente, con capital extranjero.
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La pregunta no es, entonces, si faltar a la verdad es una conducta grave; la pregunta es si fue intencional.
Me quedan dos dudas más: si la información que el gobierno les suministró a las calificadoras, como Fitch, fue fidedigna, completa y exacta, y si cuando el entonces presidente Luis Guillermo Solís hizo su desafortunada cadena de radio y televisión, ya la administración había contemplado, o incluso comenzado conversaciones con el inversionista foráneo que terminó comprando, con capital extranjero, los bonos en la mencionada dudosa colocación.
Las autoridades y la prensa deberían estudiar este caso para determinar si se actuó contrario a la ley.
El autor es diputado.