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‘Estadolatría’ enquistada en la sociedad y la política

La veneración del Estado lleva a las personas a esperar todo de este y a los empleados públicos a pretender el agradecimiento

En casi todo el espectro político-electoral se divisa un culto cuasi religioso al Estado, que no es otra cosa que una veneración cual ente divino. Se trata de un fenómeno sociológico y cultural afín a nuestra idiosincrasia, que supone que cada individuo se considera incapaz de valerse por sí mismo y delega en el Estado —por ende, en los políticos— la solución a todo.

Como esto parece inicialmente muy atractivo, engolosina a diversos sectores sociales, pero a su vez, como es imposible cumplir tal expectativa, pronto produce desencanto y el elector termina culpando al sistema democrático y a las instituciones de su desgracia.

Ejemplos de estadolatría lo constituyen nuestras políticas del Estado empresario, más bien de políticos empresarios, que alcanzaron su clímax en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, y que nos devolvieron a la pobreza que veníamos superando y propiciaron un aumento desmedido del nepotismo y la corrupción hasta la quiebra a principios de los ochenta.

Argentina surgió a la alborada del siglo XX como la novena potencia económica del mundo, pero, a partir del peronismo, lleva décadas de sostener políticas basadas en esa perniciosa creencia, lo que ha llevado a que dos terceras partes de la población dependan de alguna manera del Estado, en otras palabras, conduciendo poco a poco a la dependencia y la mendicidad.

Las conocidas expresiones izquierda y derecha en política tienen su origen en un hecho fortuito, ocurrido durante la Revolución francesa, dada la ubicación geográfica de los delegados con diferentes orientaciones doctrinarias, en la Asamblea Nacional de agosto-setiembre de 1789.

Para debatir sobre el peso de la autoridad real frente al poder de la Asamblea Popular en la futura constitución, los diputados partidarios del veto real, en su mayoría aristócratas y del clero, se agruparon a la derecha del presidente, posición ligada a lugar de honor. En la izquierda, se ubicaron quienes se oponían al veto; colectivo compuesto por diputados de extracción popular, exentos de privilegios.

Durante los siglos XIX y XX, la dicotomía derecha-izquierda se extendió por el mundo. Este espectro político se refleja en un continuum que presenta diversas ideologías, unas más extremistas y radicales que se ubican en la extrema izquierda o en la extrema derecha.

Originalmente, eran atributos de la derecha política valores tales como autoridad, identidad nacional, orden, seguridad, militarismo, tradición, religión, libertad económica, conservadurismo.

A la izquierda política, le eran afines valores como solidaridad, igualdad jurídica, secularismo, derecho de autodeterminación, justicia social mediante una economía planificada. Ambas comparten, desde luego, un caleidoscopio de valores transversales, cuyo desarrollo sería de nunca acabar.

Estas posiciones dan nombre a las ideologías, por eso, hablamos de liberales, socialdemócratas, socialcristianos, socialistas, progres, comunistas, etc., y algunas perversiones, como el fascismo, el estalinismo y el populismo.

Los planteamientos más moderados se ubican en sectores cercanos al centro político, tan comunes en este nuevo siglo, en busca de ser más eclécticos: ni chicha ni limonada.

Con solo dar una liviana revisión a los programas de gobierno de los 25 candidatos en la primera vuelta, es fácil cubrir este espectro político, ejemplo extremo es el Partido de los Trabajadores en contraste con el Partido Unión Liberal.

En la gama se balancea mi objeto de análisis, la estadolatría. Los sectores proclives a este fenómeno reclaman para sí el ser progresistas. ¿Ser progresista es defender el CNP o a Japdeva? Lo dudo.

Amparadas en esta torcida visión, encuentro que muchas instituciones, corporativizadas por sus funcionarios, están convertidas en un fin en sí mismas, llevando a que sus productos deban sean recibidos por la ciudadanía en condiciones monopólicas, o, peor aún, como una dádiva, cuando en verdad cada servicio ha sido previamente pagado y repagado con nuestros impuestos.

Parafraseando a Margaret Thatcher, recordemos que no existe dinero público, sino dinero de los contribuyentes que al político o funcionario se le da para administrar, y que por ello no es acreedor de honores y, mucho menos, de genuflexión.

josejoquinarguedas@gmail.com

El autor es politólogo.

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