EscucharEn pocos meses, estaremos en una nueva elección. Por lo tanto, es muy importante discutir con profundidad cuáles son los programas de cada candidato y conocer sus prioridades, fortalezas, responsabilidad, idoneidad, experiencia, equipo de trabajo y estrategias para salir de este atolladero. La democracia costarricense exige claridad y compromisos sobre las acciones que ejecutarían en la eventualidad de ser elegidos. Más que nunca la transparencia, la ética y la ruta a seguir se vuelven elementos claves.
No cabe duda de que para gobernar se necesitarán acuerdos multipartidistas, firmeza y conocimiento. No son tiempos fáciles y tenemos serios problemas estructurales que exigirán liderazgo, agilidad, valentía y mucha negociación para corregirlos dentro de un Estado de derecho que debe ser respetado.
No podemos hablar de soluciones sencillas y de resolver todo con simples decretos. Tenemos más de 325 instituciones y debemos buscar soluciones integrales sostenibles. Todos los problemas del país son complejos y apremiantes; no obstante, hay que priorizar.
Pensiones. No podemos seguir manteniendo beneficios a regímenes de pensiones insostenibles. El de la Corte debe modificarse, pues, de mantenerse, producirá un déficit actuarial superior a los ¢5 billones a corto plazo. Esto nos obliga a cambiar la edad de jubilación, la pensión estimada, la contribución, el tope máximo y una contribución solidaria. Este cuadro de insolvencia financiera también aplica a universidades públicas y otras instituciones sin control, aunque no están sujetas al presupuesto nacional.
Con el IVM que protege al 80% de los trabajadores, hay que buscar soluciones cambiando perfiles y beneficios porque, de otra forma, en menos de 10 años la reserva patrimonial se agotará. Esto nos obliga a cambiar cuotas, edades y topes.
La insolvencia del IVM está ligada al número de cotizantes por pensionado que viene en descenso por la evolución demográfica. La situación del IVM debe también evaluar los costos del Estado al Régimen no Contributivo.
Políticos y técnicos deben señalar cuáles son los caminos para ordenar un sistema que puede desestabilizar las finanzas públicas y la paz social.
Salarios y pluses. No podemos seguir fomentando más la desigualdad salarial, la ineficiencia y la ausencia de medidas para controlar los crecientes salarios en el sector público. Es necesario una política de empleo público donde los salarios crezcan con la inflación y se regulen los pluses que ya superan los salarios.
Hay que racionalizar los pluses de acuerdo con la eficiencia, con estudios técnicos confiables. Debemos normar la dedicación exclusiva, las anualidades, los topes de cesantía y otros beneficios. Existen más de 139 pluses distintos y nada relevante se está haciendo para regularlos.
Urgen medidas fuertes para ordenar los disparadores del gasto público. Debe sostenerse un diálogo abierto con los gremios y explicarles las consecuencias de seguir por el mismo camino de privilegios. El no ordenar los beneficios salariales será condenar la reforma fiscal al fracaso y caer en una grave crisis económica y social.
Gastos y deuda pública. Una mejor calidad en el gasto público, una preocupante dolarización de los créditos y una deuda pública creciente son elementos primordiales que corregir. La economía en el 2015 y el 2016 se vio favorecida por la caída en los precios del petróleo y los bajos intereses, lo cual le permitió al Banco Central lograr una baja inflación con una rebaja de la tasa de política monetaria (TPM) y una política monetaria expansiva. No obstante, los efectos de la TPM en las tasas de mercado no fueron completas, pues las alzas de intereses se presionaron por la necesidad de recursos del Gobierno.
No podemos hablar de nuevos impuestos para corregir un déficit fiscal financiero creciente, que puede alcanzar al final del 2017 los ¢2,2 billones (6,7% del PIB), si no le ponemos coto al gasto y controlamos la inflación, los aumentos salariales y la ejecución. Sin nuevos ingresos fiscales y el control del gasto, la deuda pública llegará al 70% del PIB en menos cinco años. Estamos financiando el 50% de los gastos con más deuda. ¿Adónde llegaremos?
Infraestructura. Hay una marcada desconcentración en la autoridad del MOPT para corregir el problema de la infraestructura. Tenemos más de 35 años de retraso en construcción de obra pública. El 74% de la red vial está en estado crítico. Los tiempos de respuesta son excesivos. Decenas de actores y leyes causan una total paralización.
El MOPT ha perdido capacidad ejecutiva para coordinar las unidades ejecutoras, municipios y entes fiscalizadores. Las declaraciones de interés público no han sido instrumentos viables ante la maraña institucional existente. El MOPT está atrapado por falta de un marco jurídico que le dé recursos humanos calificados y bien remunerados en forma más flexible. Nuestras carreteras ocupan el puesto 119 en 144 países. Los puertos y aeropuertos están mejor calificados gracias a las alianzas público-privadas. El transporte férreo es del tiempo de la colonia y se necesita capital y una alianza público privada para modernizarlo.
Inseguridad y narcotráfico. El asesinato de un canadiense frente a un centro educativo en Escazú prendió las alarmas de los problemas de seguridad. Un ajuste de cuentas en una escuela privada estremeció a la sociedad y las autoridades. Lo triste es que la DIS, el OIJ, el ICD, Migración y el Ministerio Público se lavaron las manos. Lo preocupante de toda esta trama es la impunidad. Los jueces duraron seis semanas para intervenir el teléfono del canadiense, propietario de un café Internet, una oficina de bienes y raíces y un gimnasio, pero Migración nunca lo investigó y desde el 2011 vivía en Costa Rica.
La realidad del país es que los bajonazos, asaltos, robos y ejecuciones van en aumento. El crimen organizado opera cada día con más violencia. Más de cinco grupos narco se disputan San José. El 40% de los homicidios se presentan por la disputa entre bandas. El OIJ estima que los homicidios llegarán a 600 casos al cerrar el año. Cada 16 horas matan a dos personas en Costa Rica. En los últimos cinco años más de 2.600 personas perdieron la vida.
Empleo. No cabe duda de que el problema más complejo de hoy es el desempleo. El 42% de los trabajadores están en el mercado informal, un 9% en el desempleo abierto y un 9% en subempleo. Se puede afirmar que el 50% de los costarricenses tienen una situación laboral precaria.
No hemos podido lograr que el sector educativo forme a los profesionales y técnicos que requiere la nueva economía, a pesar de los crecientes recursos. La maraña de regulaciones y los altos costos de las cargas públicas cada vez expulsan a más costarricenses a la informalidad.
No estamos creando los empleos necesarios por el desfase tan grande entre el sector educativo y el productivo. De hecho, si no estimulamos el sector privado para generar un crecimiento entre un 7% y un 8% no lograremos revertir estas cifras. No es el sector público el indicado para seguir creciendo. Los empleados públicos son el 20% de la fuerza laboral y su costo y eficiencia asfixia al sector privado.
Otros problemas como la falta de competitividad de las instituciones públicas, las convenciones laborales, la ingobernabilidad, la movilidad, la educación pública, la rigidez del gasto, la planificación urbana, el gigantismo estatal y el reglamento legislativo, no solo son complejos, sino que requieren un análisis y correcciones integrales, al igual que los problemas señalados como prioritarios.
Señores candidatos, la situación del país necesita posiciones valientes. Los problemas nacionales no son de soluciones simples. La desigualdad, los problemas sociales y la falta de acción política nos están ganando la batalla. Actúen con solidaridad y responsabilidad para evitar mayor costo.
El autor es ingeniero.
