En un artículo reciente, titulado “La insensatez de eliminar la colegiación obligatoria”, el Dr. Andrés Castillo Saborío, presidente del Colegio de Médicos, hace una serie de afirmaciones en defensa de los colegios profesionales. No refuta, sin embargo, ninguno de los argumentos de mi anterior artículo, donde sostuve que la obligatoriedad de la colegiación para ejercer las profesiones liberales es un rescoldo medieval que no tiene justificación en pleno siglo XXI.
El Dr. Castillo afirma que los colegios profesionales “por muchos años han demostrado ser garantes de la excelencia académica”. Sin embargo, el 18 de mayo del 2015, el periódico La Nación reportó que el 75% de los 2.045 médicos generales que tomaron el examen para para ser admitidos como estudiantes de alguna especialidad médica lo reprobó. Tan solo 13 profesionales sacaron una nota de 80 o superior, y la nota promedio fue 32,6.
Dicha prueba, elaborada por el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), fue cuestionada por todas las escuelas de medicina del país. Para diseñar una nueva prueba diagnóstica, en el 2016 se contrató a un ente externo, el International Foundations of Medicine (IFOM).
El IFOM recomendó utilizar un umbral de 515 puntos (de un máximo de 800) según el estándar internacional de evaluación, pero las autoridades locales lo rebajaron a 411 puntos. Aun así, el 27% de los médicos generales evaluados en noviembre del año pasado reprobó, y únicamente 26 de 747 superaron los 600 puntos, como reportó La Nación el 31 de mayo pasado.
Así las cosas, no pareciera que el colegio que preside el Dr. Castillo haya sido garante de la excelencia académica, al menos en tiempos recientes.
Fiscalización. El Dr. Castillo también hace referencia a la función fiscalizadora de los colegios, que supuestamente garantiza que el trabajo de los profesionales “sea correcto, ético, científico y académico”. La necesidad de esa fiscalización, dice, “se vio reflejada con la pésima formación de pregrado que el Colegio de Abogados ha demostrado”. ¿Será entonces que el Colegio de Abogados tuvo éxito donde el de Médicos falló? Lamentablemente, no.
En diciembre del 2014, el periódico La República reportó que “menos del 30% de los abogados que llegan al Poder Judicial en busca de una plaza para ser jueces aprueba el examen de ingreso”, y que apenas 36 de 415 aspirantes (menos del 9%) aprobaron la prueba escrita de ingreso a la Escuela Judicial. Tres años antes, en noviembre del 2011, La Nación reportó que de 162 abogados que realizaron la prueba de ingreso a la Escuela Judicial ese año, ninguno aprobó.
Resulta entonces doblemente infundada la afirmación del Dr. Castillo, pues los resultados evidencian que el Colegio de Abogados tampoco fue capaz de tomar medidas eficaces para impedir o revertir la pauperización cualitativa de la formación profesional en derecho.
Sería injusto achacar los problemas de la educación universitaria a los colegios profesionales. Pero en igual medida, y precisamente porque los colegios no tienen mayor injerencia en el diseño curricular ni en la contratación de los profesores universitarios, es incorrecto que se atribuyan la bandera de la excelencia académica, cuando las pruebas disponibles demuestran que no la hay, y que las asociaciones gremiales no han tenido logros palpables en su consecución.
Escuela de Medicina. Finalmente, me acusa el Dr. Castillo de desconocer que “la labor y aportes del Colegio de Médicos, con 160 años de existencia con colegiación obligatoria, han sido fundamentales para que el país haya alcanzado el grado de sanidad pública, de seguridad social y los índices de salud y longevidad que posee”. Tan categórica afirmación merece escrutinio.
La Escuela de Medicina fue creada mediante Ley n.° 1053 del 25 de agosto de 1947. La página web de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica informa que “esta misma ley determina que su apertura se haría cuando el Consejo Universitario, oyendo el parecer consultivo del Colegio de Médicos y Cirujanos, lo estimara conveniente”. No sería sino hasta seis años más tarde (17/10/1953) que el Consejo Universitario tomaría el acuerdo de crearla, nuevamente sujeto a recibir el criterio consultivo del Colegio de Médicos. Pasarían ocho años más, hasta que en marzo de 1961 finalmente abriera sus puertas a los primeros estudiantes.
Catorce años transcurrieron entre la aprobación de la ley y la apertura de la escuela de Medicina. ¿Qué hizo el Colegio de Médicos en todo ese tiempo? No lo sabemos a ciencia cierta, pero en una conferencia dictada en el curso de Historia de la medicina el 5 de noviembre de 1994, el Dr. Manuel Aguilar Bonilla afirmaba que “había oposición a la Escuela de Medicina porque se decía que los médicos costarricenses tenían un nivel muy alto porque venían de las mejores universidades del mundo, y que era prácticamente imposible hacer una escuela de medicina que pudiera graduar médicos de esa calidad”.
El gremio médico –con notables excepciones– estaba por aquellos días más preocupado por proteger sus frijolitos que por mejorar la salud pública por medio de la masificación de los servicios, que solo sería posible si todos los jóvenes capaces tuvieran acceso a una educación de calidad, y no solamente los más acaudalados que podían costearse los estudios en el exterior.
En un artículo publicado en este mismo diario, el 9 de marzo del 2001, la Dra. Yalena de La Cruz explicaba que la Escuela de Medicina –a la que el gremio médico se oponía inicialmente– “ha tenido gran impacto en la mejora de las condiciones de vida, del bienestar y de la salud de los costarricenses, por el aporte directo de sus graduados y por las investigaciones y actividades de acción social y de docencia intrahospitalaria”. Es la educación, no la colegiación, la responsable de estos resultados.
Los colegios profesionales tienen un incentivo a anteponer los intereses gremiales al bienestar general. Diario Extra reportó el 16 y el 20 de julio del 2004 que el Colegio de Médicos impidió el desarrollo de una misión humanitaria de médicos estadounidenses que venían a atender pacientes pobres de manera gratuita, con el aval del Ministerio de Salud. El entonces presidente de dicho colegio afirmó que Costa Rica no necesitaba de campañas sociales médicas. Tal parece que era preferible que los pobres siguieran pudriéndose en las listas de espera de la Caja.
En otro episodio más reciente, el Colegio de Médicos se opuso, en agosto del año pasado, a que la CCSS contratara médicos extranjeros para suplir el faltante de 47 especialistas en todo el país, a pesar de la declaratoria de inopia firmada por el Ministerio de Salud.
Está claro que no conviene dejar en manos de los colegios las decisiones de quiénes pueden estudiar, ni quiénes pueden ejercer la profesión. Dar a los profesionales potestades legales para limitar o regular el ejercicio de la profesión y velar por el bienestar de los usuarios de sus servicios es como poner al zorro a cuidar a las gallinas. La colegiación obligatoria es una insensatez.