Debo admitir que de mi padre, fallecido prematuramente hace varias décadas, no pesqué a tiempo su legítima preocupación por el porvenir. Hasta un tramo de granos que tuvo en el mercado Borbón lo llamó “El Porvenir”. Yo me crié entre jóvenes que descontaban a tasas muy altas el futuro; tan altas que no era una prioridad. “En el largo plazo todos estaremos muertos”, sentenció J. M. Keynes y muchos le creímos. Keynes concentró su exquisito conocimiento en plantear soluciones a muy sentidos problemas de la coyuntura macroeconómica y como, además, no tuvo hijos, nunca pensó en lo que haría si llegara a vivir cien o más años.
Según documenta la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS), por cada mil personas hoy muere solo un tercio de las que morían en 1950. También nace menos de la tercera parte de las que antes nacían. El resultado de esto es que la “pirámide poblacional” tiene hoy menor proporción de jóvenes y más de viejos.
En 1950 un hombre de 65 años esperaba vivir en promedio unos 12 años más; y una mujer unos 13. Ya en el 2000 la esperanza de vida a los 65 años era de 16 años para los hombres y de 20 para las mujeres. En 1950 las personas mayores de 65 años constituyeron menos del 4% del total, hoy casi un seis por ciento y para el 2050 se prevé que sean alrededor del 18%.
Los cambios demográficos citados tienen un impacto importante en los esquemas de pensiones: si bien hoy cotizan para la CCSS siete personas por cada pensionado, en el 2050 solo lo harán tres. No habrá espalda que soporte tal peso (financiero). Además, el esquema de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la CCSS casi paga tantas pensiones por invalidez (35%) que por vejez (36%), lo cual luce rarísimo, porque aquí no hay guerras ni nada parecido. El costo que para el IVM representa la invalidez puede ser muy alto, pues los beneficios pueden comenzar a operar desde edades bajas. En el control de las pensiones por invalidez tiene la CCSS un enorme reto, que debió haber enfrentado desde ayer.
En Costa Rica, como en casi todos los países del orbe, el envejecimiento poblacional constituye un importante dato que debe preocupar cada vez más a las personas, las familias y los encargados de las finanzas públicas.
Con el advenimiento de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), y su uso acelerado en el proceso productivo, la necesidad de incorporar más y más jóvenes en la fuerza de trabajo se hizo obvia. Los adultos son menos dados que sus hijos y nietos a adoptar las nuevas tecnologías, en particular las más innovadoras y que requieren rapidez de dedos, y por ello no ven en los anuncios de plazas vacantes muchas que conformen su perfil. (Las personas adultas continúan siendo mejores que los jóvenes en el desempeño de posiciones que requieran experiencia, capacidad verbal y fidelidad a sus empleadores).
Las empresas del sector privado no tienen problema en ajustar la paga a la productividad del trabajador, pero los entes públicos sí. En el sector público, donde operan importantes “anualidades” automáticas, se gana más conforme mayor sea la antiguedad de la persona en el cargo, aun cuando su contribución marginal al logro no crezca o hasta decrezca. El sector público podría pronto convertirse en un gran obstáculo para el desarrollo del país a menos que opte, a una tasa creciente, por esquemas de tercerización (outsourcing) de actividades, y, por ende, de reducción de la planilla. Claro que para ello tiene que comenzar por aprender a negociar con la contrapartida privada y asegurar que lo haga con transparencia.
Los esquemas tradicionales de seguridad social, concebidos para otra realidad demográfica, deben reformarse. Los jóvenes tendrán que pensar más en el porvenir y ajustar sus patronos de consumo presente a sus posibilidades reales; y los niveles de ahorro voluntario a sus necesidades previsibles.
Si un cambio revolucionario no comienza a gestarse ya en esta materia, a muy corto plazo enfrentaremos una crisis social, económica y política que hará palidecer la que hoy se vive en Grecia.
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