Pablo Barahona Kruger. 7 noviembre

Este país de nuestras querencias seguirá condenado al subdesarrollo más evidente, que es el cultural, mientras no se alteren los equilibrios y cambien los paradigmas desde los que no solo vemos a los demás, sino que nos (des)cubrimos a nosotros mismos.

No es broma. Aquí nos movilizan pendularmente entre las fabulaciones más imaginativas y las confabulaciones más tóxicas y destructivas. Nada que nos sorprenda en un país de mínimos que más parece un pueblo, tanto para lo bueno como para lo que no lo es tanto. Pueblo pequeño…

Se impone examinar con todo detalle, sentido de responsabilidad y seriedad, pero, además, sin opacidad ni atisbo de esa pendejera política tan emparentada con el populismo de nuevo cuño

Parto de ahí al ensayar uno de estos recuentos que abrevan de nuestra realidad contemporánea y, desde ahí, cada tanto me salen del alma y la conciencia como ciudadano insatisfecho, académico crítico y analista crónico.

El ICE cancela el Diquís y no pasa nada. ¿Es en serio?

¿Así de fácil revierten los burócratas de turno el desarrollo infraestructural más masivo de toda Centroamérica por el orden de $3.694 millones —aunque la chata estimación inicial del ICE presumió que costaría “solo” $1.779 millones— y aquí no pasa nada? Y lo invertido por el orden de los $146 millones, ¿quién nos lo paga? ¿Y la responsabilidad administrativa, civil y, sobre todo, política?

Lo anterior sin demeritar el alivio que, como externalidad positiva, han de estar celebrando los indígenas de la zona sur y quienes defendemos urbi et orbi su autodeterminación como pueblos originarios, bajo la égida de los derechos humanos y frente a desarrollos de interés nacional como este.

Si no que lo diga también Brasil desde la represa de Belo Monte y el frenazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vía cautelar y sumaria, pese a la ira indisimulada de Dilma Rousseff, primero como ministra a cargo del proyecto y, después, como presidenta.

Con lupa. Se impone examinar con todo detalle, sentido de responsabilidad y seriedad, pero, además, sin opacidad ni atisbo de esa pendejera política tan emparentada con el populismo de nuevo cuño que, basado en apariencias, maquillajes y piruetas retóricas, pretende ocultar lo inocultable a una ciudadanía presa de discursos divisivos y evasivos: ¿Cómo es posible que la planificación de ese proyecto de proyectos (Moín costó menos de una tercera parte de lo que costaría el Diquís) no previera la inviabilidad del proyecto a corto plazo —ni siquiera a mediano—, que las juntas directivas del ICE de los últimos gobiernos no detectaran semejante embarcada y, sobre todo, que la institución pública lo anuncie así como si nada?

Ensayemos aquella mayéutica que tanto bien hace: ¿Está Costa Rica para ese tipo de aventuras? ¿Será que algunos están ganando con tantas pifias? Así, en plural, porque no es la única. Esta costó $146 millones “nada más”. Pero no hay que olvidar la mala puntería del gobierno de Luis Guillermo Solís y su ministro de Obras Públicas, Carlos Villalta, al licitar, premeditadamente, una carretera de entronque que no conectaba donde debía con la terminal de contenedores de Moín.

Incapacidad supina que el propio expresidente Solís catalogó, sin disimulo y no poco cinismo, como una simple “pifia”, que a la postre nos costó “solo” $14 millones a todos los que esto leemos. ¿Y qué paso? Nada.

Asomando al retrovisor, damos también con el monumento a la improvisación que significó la trocha fronteriza, estimada como obra civil por el orden de los $120 millones lavados por la lluvia, el descuido y la improvisación más insultantes que pueblo alguno pueda resistir. ¿Y qué pasó? Lo mismo: nada.

Lista larga. El recuento sigue y sigue hasta dar con medicinas caducando en las bodegas de la CCSS, teléfonos celulares sobrando en los depósitos del ICE, planillas duplicadas o simplemente ficticias en el MEP o escáneres donados por China pudriéndose ante la desidia del Comex, Seguridad y Hacienda. Estando claros en que muy posiblemente me quedo corto.

Todo lo cual cede ante la evidencia más pasmosa: más de 330 instituciones que componen el archipiélago ejecutivo costarricense. Una cantidad demencial para un país tan minúsculo que cabe casi catorce veces en el territorio de Texas y tiene por población total apenas la cantidad de brasileños que nacen cada año (5 millones).

¿Quién paga semejante derroche? Pero más importante aún: ¿Habrá nacido ya ese game changer que tanto demandan las circunstancias aprisionantes en que se debate este país que bailotea al ritmo de los saltimbanquis de la política (crowd pleasing candidates/presidents)? ¿Vendrá pronto esa generación de recambio que le “ponga el cascabel al gato” o seguiremos con esta sangría de recursos a puro parche y “pasito tun, tun”? ¿Y las responsabilidades políticas, administrativas y civiles?

El autor es abogado.