EscucharAnte la inminente elección del nuevo contralor y subcontralor general de la República, una nota del período La Nación (24 de abril de este año) dio cuenta que quien ocupa actualmente el segundo cargo, Marta Acosta, podría ser apoyada por la fracción oficialista y “otros diputados” para ocupar el cargo de contralora general, pese a que ella no se postuló para dicho puesto sino, solo para el que actualmente ostenta.
No dudamos que, como lo dijo ella en su presentación ante la Comisión de Nombramientos, “La calidad moral, honestidad, integridad, respeto, probidad y vocación de servicio público, donde el interés general esté por encima del personal o particular, son en mi criterio, pilares para ejercer cualquier cargo público. Mi trayectoria en la Contraloría da cuenta de esos principios” (sic), la oferta que le hacen va en contra de lo que ella misma predica.
Además, si algo ha caracterizado a las autoridades contraloras, en este período y que está por vencer, es que, ambas titulares, que incluye a Rocío Aguilar, la actual contralora general, ha sido el de ser exigentes, a rajatabla, de que el Estado, en cualquier procedimiento de contratación pública, debe respetar, aún las normas consuetudinarias, como es el caso de las reglas de elección que ha dispuesto, en tantos años, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.
Por ello, si la actual subcontralora, la Licda. Acosta, solo se postuló para su reelección en ese cargo y no en el de contralor general, mal haría e iría en contra de lo que ella mismo predica, que acepte violentar un procedimiento prestablecido.
Ciertamente su labor en ese cargo puede que haya sido encomiable, pero los procedimientos deben respetarse y tanto ella como los diputados que le hacen semejante oferta hacen mal en torcer lo que está “a derecho”.
Tampoco es deseable, por ningún motivo (formal en este caso), que vaya a suceder lo que pasó con la destitución del excontralor general, Alex Solís, en que la Sala Constitucional acogió un recurso de amparo en su favor, por haberse violentado el debido proceso. Ese antecedente es esencial para que la actual legislatura “ponga la barbas en remojo” y no vaya a ser que el Estado sea condenado por un error de procedimiento que, a todas luces, se sabe que es inconstitucional.
El país pasa por momentos de “angustia” y no puede ni debe sumársele un golpe más con un decisión del todo espuria; por el contrario, que sirva este nombramiento, de suyo de los más trascendentes, a cargo del Primer Poder de la República, para dar visos de que no todo está perdido y los asuntos de Estado vuelven a los fueros legales.
Respetar normas, aún no reglamentadas pero sí establecidas por la práctica de esa Comisión, es tan necesaria como garantista para los demás postulantes y para el pueblo costarricense que desea, como nunca antes, que se adecente el actuar de la autoridades pública.
Solo recordemos la frase de W Pitt: “Donde la ley acaba comienza la tiranía”.
O ¿será que ya estamos en ese estado?
