EscucharEL CAIRO – En uno de sus últimos ensayos, el gran historiador (ya fallecido) Tony Judt se preguntaba qué deberíamos haber aprendido del siglo pasado, un período en el que tantos soldados y civiles murieron en conflictos. Creo que una parte sustancial de la respuesta es la importancia fundamental del imperio de la ley, tanto en el plano interno como en el internacional.
Claro que hay muchas otras cosas que son fundamentales para una buena vida en sociedades pacíficas y abiertas: la libertad de expresión, religión y asociación, y el poder de elegir (y destituir) al propio Gobierno. Pero nada garantiza tanto las libertades de las sociedades libres como la aplicación de la ley con igual fuerza a los gobernados y a los gobernantes.
En mis épocas de miembro del gabinete británico y presidente del Partido Conservador, tuve un asesor legal cuyo apellido cuadraba muy bien con sus consejos: se llamaba Maybe (tal vez). Al ser yo acusado por alguna infracción de normas administrativas o un presunto abuso de mis poderes, el señor Maybe jamás podía adelantarme el fallo de los tribunales. Si le preguntaba: “¿Ganaremos este caso?”, su respuesta era siempre condicional: “Usted debería ganar”, me dijo una vez, “pero no puedo garantizárselo”.
Para los Gobiernos autoritarios, este concepto es difícil de entender. Recuerdo, cuando fui gobernador de Hong Kong, unas negociaciones que mantuve con mi homólogo chino. En un intento de explicarle por qué el imperio de la ley era tan importante para el futuro del territorio, le señalé que, durante mi pertenencia al Gobierno británico, yo estaba tan sujeto a las leyes como cualquier otro ciudadano.
Mi interlocutor pensó que lo decía en broma. Lo que los chinos practican es el imperio por la ley: la ley, tal como la define el Partido Comunista en provecho propio.
Sirva de ejemplo la campaña anticorrupción que tiene lugar en China. Es evidente que el presidente, Xi Jinping, y su aliado en el politburó , Wang Qishan, la están usando como una herramienta para atacar no solo a los corruptos, sino también a quienes no integran la facción de los “principitos rojos” de Xi. En manos de Xi, la ley es un instrumento para alcanzar sus propios objetivos políticos.
Lo mismo sucede en Rusia, donde el presidente, Vladimir Putin, encabeza un aparato estatal diseñado y controlado por elementos de los viejos servicios de inteligencia del país y su nueva mafia. La ley se usa para recompensar a los partidarios del régimen y castigar a sus críticos, como el empresario Mijail Jodorkovski y el activista Alexéi Navalny.
Ya que ni Rusia ni China aplican el imperio de la ley, fronteras adentro, no es raro que tampoco le presten atención afuera. Putin violó uno de los principios más básicos del derecho internacional: que las fronteras de los países no se pueden cambiar por la fuerza. De hecho, hizo de ese desdén por las normas un elemento recurrente de la política exterior rusa, caracterizada por el engaño, el hostigamiento, la violencia y el afán de restaurar el imperio desintegrado con la caída del comunismo.
Ya mucho antes de la anexión militar de Crimea por Rusia y su invasión del este de Ucrania, el Kremlin se daba a esa clase de juegos, como cuando orquestó la secesión de las regiones georgianas de Osetia del Sur y Abjasia, y apoyó al territorio rebelde de Transnistria en Moldavia. Visto semejante desprecio del orden internacional, a nadie sorprende que haya agentes de Putin implicados en el asesinato de, al menos, un opositor en las calles de Londres.
La fundación de las Naciones Unidas supuso la adopción del primer sistema normativo global con carácter oficial, basado en la Convención de Ginebra sobre el derecho de guerra y otros acuerdos vinculantes similares. Pero el marco internacional para el manejo de los asuntos mundiales ha sido, sobre todo, creación de Estados Unidos.
Lo más destacable de este marco es que su autor principal (la mayor superpotencia de aquel tiempo) se sometió a su autoridad. Como muy bien lo expresó el presidente estadounidense Harry Truman: “Todos debemos aceptar (sin importar nuestra fuerza) que no podemos arrogarnos el derecho de hacer siempre lo que nos plazca”.
Cuando el sistema internacional se vio atacado, solo Estados Unidos tuvo el predicamento necesario para renovar la fe en el imperio del derecho. Pero, por desgracia, tal vez ya no sea así. Durante la presidencia de George W. Bush, Estados Unidos actuó decididamente en contra de sus intereses globales, al desoír las normas internacionales en cuestiones como la tortura, un daño que hoy se prolonga en la acción de aquellos políticos estadounidenses que ven a las instituciones internacionales como conspiraciones antiamericanas y le están costando a su país gran parte de su autoridad moral.
El panorama no es mejor en Europa, donde el deliberado descuido de las capacidades militares ha dejado a los países menos preparados para defender el imperio de la ley, si los mecanismos internacionales fallan. Entre tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha vuelto ineficaz, paralizado por los intereses estratégicos de China y Rusia. Es así que no hace nada mientras se ponen en duda las fronteras europeas, tropas rusas bombardean a ciudadanos ucranianos en sus hogares y un violento ejército de bandidos asuela Medio Oriente y el área circundante, desde las costas de Libia hasta las fronteras de Irán.
Tras las masacres de Ruanda y Bosnia en los noventa, los líderes mundiales repitieron solemnemente que sería la última vez. Hoy, los ciudadanos sirios, iraquíes y ahora egipcios se estarán preguntando que habrá sido de esa promesa.
En síntesis, para hacer frente a los sangrientos y cada vez peores desafíos que nos presenta el siglo XXI, tenemos unas Naciones Unidas ineficaces, unos Estados Unidos moralmente debilitados y una Europa en vías de desarme. Si este panorama le parece preocupante, es porque lo es. De no mediar un cambio de actitud en nuestros líderes políticos, tal vez no nos quede otro recurso que ponernos a rezar.
Chris Patten, último gobernador británico de Hong Kong y excomisionado de la Unión Europea para Asuntos Externos, es el rector de la Universidad de Oxford. © Project Syndicate.
