Sergio Arguedas. 28 enero, 2019

El gobierno insiste en que una mayor cantidad de armas en las calles está vinculada al aumento de la violencia. Si partimos de esa premisa, países con altas tasas de posesión de armas de fuego por habitante como Suiza, Finlandia, Uruguay, Austria y Alemania, entre otros, deberían tener tasas de homicidios mucho más altas que Costa Rica y ser hasta más violentos, pero no es así.

¿Qué hay detrás de esas afirmaciones tan temerarias del gobierno? Para nuestro criterio, desinformar al país y por medio de políticas de miedo influenciar en la opinión pública, aunque las estadísticas demuestren que está en un error.

El debate por los proyectos de ley 20508 y 20509, que entrarán a discusión en el plenario muy pronto, es simplista sobre la cantidad de armas permitida para portación

Estadísticas. Mientras que en el Global Peace Index 2018 Costa Rica ocupó la posición número 40, los países antes mencionados ocupan mejores posiciones que el nuestro, aún con mayor cantidad de armas en manos de ciudadanos, lo que desacredita la afirmación del diputado Enrique Sánchez, sostenida también por el gobierno.

Otros países con restricciones de armas mucho más agresivas que las de Costa Rica, lamentablemente, registran tasas de homicidios más altas que la costarricense (12 por cada 100.000 habitantes en el 2018), por ejemplo: Venezuela 53 por cada 100.000 habitantes, Brasil 27,8 por cada 100.000 habitantes, México 20,5 por cada 100.000 habitantes y Honduras 46,3 por cada 100.000 habitantes, lo que una vez más sepulta el frágil argumento esgrimido por el gobierno.

Proyectos de ley. El debate por los proyectos de ley 20508 y 20509, que entrarán a discusión en el plenario muy pronto, es simplista sobre la cantidad de armas permitida para portación y oculta de manera conveniente otra serie de reformas que apuntan a un desarme solapado de los ciudadanos honestos.

Por ejemplo, contempla la necesidad de renovar ante el Estado la propiedad del arma (matrícula). Varios juristas han alertado que esto contraviene el artículo 45 de la Constitución Política sobre la propiedad privada. Esto es equivalente a que cada ciudadano consulte cada tres años al Estado si puede continuar siendo propietario de un bien privado como un carro o una casa, y se deja la potestad al Estado de renovar ese derecho sobre la propiedad privada. Ya la ley actual exige a los portadores legales de armas renovar los permisos de portación cada dos años bajo una estricta serie de requisitos.

Además, se pretende pasar de un estatus legal a ilegal distintas armas que en la actualidad son permitidas y están en manos de portadores en regla, esto sin criterio técnico sobre las razones para restringir esos calibres. La ley no indica cómo se indemnizará a los dueños de esas armas y no especifica de dónde saldrán el dinero, todo esto en plena crisis fiscal.

Otro aspecto de los proyectos es limitar al ciudadano los sitios donde puede portar un arma, muchos de ellos sitios donde ocurren la mayoría de los asaltos, lo que el hampa celebra desde ya para seguir cometiendo sus fechorías. Incluso, se sugiere que solo se permitirán ciertas armas con tecnología que no haya sido desarrollada después de 1939, ¿volvemos al tiempo del fusil de chispa?

Las Naciones Unidas reconoció en un informe llamado Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal de Armas en Colombia que los efectos del desarme en la prevención del crimen “no tiene ningún efecto sobre la disminución de la violencia, si no se eliminan las razones o móviles de la demanda”. En el caso de Costa Rica, un ejemplo sería el narcotráfico, que cada día reporta homicidios con armas no inscritas o portadas de forma ilegal.

No hay ninguna estadística que rebata este argumento y el Ministerio de Seguridad Pública quedó en deuda con los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y los ciudadanos.

El autor es presidente de la Asociación Pro Defensa Civil.