EscucharLa involución de la democracia en el presente siglo tiene, entre otras causas, la desconfianza de la ciudadanía, tanto en el sistema político como en los operadores, específicamente, los partidos y los funcionarios de alto rango y de elección popular, aunque la desconfianza salpica cada vez más a categorías más bajas del funcionariado si tienen a su cargo la toma de decisiones.
El argumento de la desconfianza tiene que ver con la opacidad, falta de transparencia e integridad de las actuaciones y decisiones de estos operadores, ningún gobierno que distorsiona u oculta información puede esperar confianza de la sociedad. La transparencia sostiene la legitimidad del sistema, gobernantes y políticos.
El gobierno abierto es una herramienta eficaz para enfrentar la creciente crisis de representación y deslegitimación del sistema político, en general, y de los políticos, en particular; es un cambio en la forma como se ejerce el poder que causa tanto enojo y las protestas de la ciudadanía en años recientes en muchos países.
A principios del siglo XX se empezó a hablar del paradigma del gobierno abierto, asociado a presiones de movimientos ciudadanos en países desarrollados para mejorar el acceso a la información pública como primer precedente; otros tres antecedentes son la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, la reutilización de la información pública y la colaboración con la sociedad. Suecia, Estados Unidos y el Reino Unido destacan entre las naciones.
La democracia es una aspiración en la que estamos de acuerdo, pero que requiere perfeccionamiento permanente. A medida que se van alcanzado distintos componentes, tales como elecciones libres y limpias, voto femenino, etc., se pasa a etapas superiores que implican aspiraciones y elementos nuevos.
La ciudadanía exige una democracia de mayor calidad, lo que implica transparencia y rendición de cuentas de parte del sistema político y administrativo, incluidos todos los poderes, el llamado Estado abierto que supera al gobierno abierto que se enfoca solamente en el poder ejecutivo.
También se demandan el acceso a la información pública (fehaciente, completa y a la mano de la ciudadanía) y la participación con colaboración en el diseño, formulación e implantación de las políticas públicas.
En el 2011, con el impulso del presidente Barack Obama, se creó la Alianza para el Gobierno Abierto (opengovpartnership.org) de la que son parte 77 países y 106 gobiernos locales. Costa Rica ingresó en el 2012 y a ella pertenecen también, lo que merece reconocimiento, las municipalidades de Sarchí y Curridabat. La Alianza combina sus fortalezas para promover una gobernanza incluyente, que rinde cuentas y responde a las necesidades de los ciudadanos, al bien común.
La definición mayormente aceptada de gobierno abierto es la de Calderón, Lorenzo y Villoria, que lo describen como aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de ellos en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente, y lo consigue gracias a las TIC.
Costa Rica ha hecho relevantes progresos desde su ingreso a la Alianza. Las administraciones Chinchilla, Solís y Alvarado le dieron prioridad y ya se cuenta con una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto. La Asamblea Legislativa y el Poder Judicial han adoptado los principios contribuyendo a la meta de alcanzar el Estado abierto.
Al incorporarse a la Alianza, los países cocrean con la sociedad civil planes de acción bianuales que incluyen compromisos concretos sobre temas variados, lo que permite a la ciudadanía participar en la definición y posterior supervisión del cumplimiento. Luego, la Alianza, por medio del mecanismo de revisión independiente, da seguimiento a los planes de acción para apoyar a los gobiernos en el cumplimiento.
La ciudadanía tiene que estar vigilante para que la actual administración conozca y continúe cumpliendo los compromisos adquiridos como parte de la Alianza, porque se han dado múltiples señales, tanto del presidente como de sus ministros, mandos medios y hasta alcaldes, que auguran prácticas de opacidad que no se deben permitir, pues socavan las bases de nuestra democracia y el contrato social.
La autora es politóloga.
