EscucharEl problema número uno de la creciente corrupción y disfuncionalidad estatal sigue siendo una cruenta omisión: todos los candidatos, y ahora los dos finalistas, se han esmerado en no reconocer la modalidad constitucional y legalmente normada en Costa Rica para ejercitar los atributos y prácticas más loables y eficaces para el excelente gobierno y administración de la “cosa pública”.
Por lo general, y atenido a múltiples declaraciones, manifiestos y opiniones públicamente expresadas, mas también a la gestión empírica de cuando menos un presidente economista y de múltiples profesionales en economía, y en particular abogados que han sido ministros, presidentes ejecutivos, legisladores, contralores y defensores de los habitantes, afirmo que el verdadero fenómeno publicista costarricense sigue siendo ignorado.
Nadie llega preparado para ser un excelente presidente, ministro, presidente ejecutivo o legislador como la Constitución y las leyes ordenan. En los partidos políticos, nace dicho desconocimiento total sobre las pautas y atributos que la carta magna, en primer lugar, y un par de leyes, como la 5525 de planificación nacional de 1974 y cinco artículos de la Ley General de la Administración Pública de 1978, han proporcionado durante estas décadas para el excelente gobierno.
Ningún programa de gobierno reconoció este “fenómeno publicista” nacional y, por ende, ninguno ha planteado cómo un presidente con su equipo de gobierno inmediato y obligado, como lo son sus ministros, llegarán a asumir plena responsabilidad por el desempeño de los grupos de ministerios e instituciones autónomas vinculadas a cada sector y en su plan regional o territorial.
Es una responsabilidad que nace de las grandes competencias que la CP y esas dos leyes generales, además de sus respectivas leyes orgánicas, le otorgan a cada ministro en su privilegiada doble condición de jerarca de su ministerio y rector o director político de todo un campo de actividad institucional.
Receta ineficaz
Reclutar ministros mediante una empresa privada que no reconozca las complejidades particulares propias del Estado, que exige un líder movilizador, consciente de sus obligaciones y competencias para responder tanto por su ministerio como por los entes autónomos que converjan en su campo de actividad —ambiente, educación, salud, trabajo y seguridad social (pobreza), agricultura, industria y comercio, vivienda, etc.—, y no verse obligado a rendir cuentas integrales públicas de su desempeño y resultados no será ninguna ganancia para el país.
Seguir nombrando ministros “amigos” que ya tuvieron experiencia, pero sin nunca ejercitar el liderazgo interinstitucional que la CP y las dos leyes referidas ordenan, no nos llevará a nada mejor de lo que se logró hasta ahora: mucho desconcierto, ineficacia y desconsuelo sociopolítico, así como corrupción institucional.
Ningún ministro parece haber sabido liderar y articular las muchas entidades bajo su mando político, según el área de actividad de la cual él, no el ministerio, es rector.
Esto significa ordenarlas en sus actividades de conjunto para que funcionen como un reloj. Este es el problema de todo sector, más dramático en el campo de la pobreza, en el cual el ministro responsable tiene que ser el de Trabajo y Seguridad Social, por Constitución y por la propia Ley Orgánica del Ministerio, pero los presidentes han festinado pasando dicha “rectoría” a otros jerarcas o, últimamente, al presidente ejecutivo del IMAS por decreto, lo cual es un sinsentido jurídico y funcional, pues este es subordinado de su junta directiva y a la vez del Poder Ejecutivo, con un mando político que nunca podrá asumir sin causar traumas legales y políticos de escándalo.
Tampoco parece haberse desarrollado el liderazgo ministerial requerido para movilizar, en la misma dirección y hacia la misma población objetivo, a las 22 instituciones que manejan 40 y pico programas sociales destinados a los pobres, con el resultado de que no hay avances significativos en dicha “lucha”. Ni en ninguna otra, como en desarrollo agrícola (recuerden que el ministro declaró el año pasado que las juntas directivas del sector “no quieren coordinarse” con el gobierno, amparadas en su “autonomía”, ignorando que él tiene la potestad mayor de dirección que le permite ordenar la actividad de todas esas entidades y destituir a los directivos que incumplan sus directrices).
Falla en el control político
La contrapartida negativa de todo esto es que nadie, ni ningún legislador, ha querido increpar a los ministros para que respondan una pregunta de elemental urgencia estratégica y operativa: los entes de cada sector, el CNP por ejemplo, ¿funcionan tan mal y “descoordinados” por culpa de pésimas directrices ministeriales, o más bien por ausencia de ellas?
En ambos casos, el ministro es responsable con el presidente, pero la contrapartida de control político y exigencia de cuentas en serio nunca ha sido ejercida bajo ese esquema sectorial ni por legisladores ni por la Contraloría ni la Defensoría.
No cumplir con esos sagrados y sabios mandatos constitucionales, que exigen visión y acciones de conjunto del presidente y sus ministros sobre ministerios y entidades autónomas en San José y en cada región de desarrollo del país, resulta así muy cómodo. Echar a perder cosas es más fácil.
Quien resulte ganador el domingo debía demostrar al país que tiene conciencia de ello, o que la adquiere ahora, a tiempo, y nombrará a sus ministros para que lleguen conscientes y comprometidos de la enorme labor adicional a la de ser jerarcas superiores de sus ministerios, de actuar como jerarcas políticos de los entes autónomos constitutivos de sus respectivos sectores de actividad. Y cómo proyectarlos en cada región de desarrollo.
Si el Mideplán y la Ley 5525, más la LGAP, no reciben el apoyo estratégico preferente del nuevo presidente, todo seguirá funcionando con erraticidad, desorden e ineficacia.
La dirección política y la planificación integral claramente normadas en la Constitución y en aquel par de leyes superiores harían el milagro de que el aparato institucional haga mucho más con los mismos recursos. Solo se requiere que el presidente lo entienda y lo ejercite según el juramento que tendrá que tomar el 8 de mayo. Ignorarlo no debía ser opción.
No basta con ser economista o expresidente. Se requiere conocimiento pleno del fenómeno publicista nacional, o sea, se requiere mucha ciencia. Lo demás es llegar a batear con el patrimonio jurídico-institucional del país, es decir, su régimen social de derecho, que está para mucho más de lo que se ha logrado hasta ahora.
El autor es catedrático jubilado de la UCR.
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El problema número uno es que los gobiernos no han atendido la Constitución y la Ley General de la Administración Pública. (Shutterstock)
