EscucharEl tema del Estado laico revive en nuestro país, tanto en los círculos políticos como en los religiosos y académicos: unos en contra, otros a favor y, en no pocos casos, con algo de confusión. Es una controversia que viene de lejos, quizá a partir de la Revolución francesa de 1789, como necesidad de confirmar el Estado moderno. Pero es posible que tenga un antecedente más lejano y significativo. Cuando Jesús dijo: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, ya estaba separando el poder religioso del político.
Lo que conviene aclarar es que debe existir autonomía de los asuntos públicos con relación con los religiosos. La secularidad, así entendida, separa lo laico de lo religioso como condición necesaria que reclama la armonía social. Es por esta razón que el Estado laico no sustenta una ideología religiosa ni antirreligiosa. El Estado, como ente jurídico, sencillamente no puede tener fe ni antife. El Estado es aespiritual, situación que no se puede entender como ateísmo.
El Estado no tiene espíritu. No es correcto afirmar que una religión es la del Estado. El Estado no tiene religión porque no tiene espíritu. Está fuera de todo concepto de fe particular. En consecuencia, declarar en la Constitución política que una determinada religión es la del Estado es un error filosófico, jurídico y espiritual. Digo “error”, pero debería decir “tontería”.
“La relación entre lo temporal y lo espiritual, entre la norma y la fe, no es de contraposición, sino de recíproca autonomía, ya que la comunidad política comprende incluso a los creyentes, por lo que acepta también el influjo de las iglesias en la vida política, con la condición de que provenga de su autonomía social”, afirma con acierto Norberto Bobbio.
El Estado laico es lo contrario del Estado confesional; el primero no adopta una religión como propia; el segundo, sí.
Cuando el cristianismo creó una nueva cultura en Occidente, se convirtió tanto en su cerebro como en su espíritu, en su razón y su moral. Simultáneamente nace el concepto de autoridad en el Estado que perfila una nueva cultura política. Se comienza a hablar de la secularización del Gobierno, como necesidad y como concepto; de la distinción entre clero y laicos. Secular ya no es tanto lo que sucede en un siglo como el logro de la independencia de los asuntos públicos en relación como los religiosos. Secularizar es lograr esa independencia, y su discusión ha estado presente durante dos mil y tantos años del cristianismo, es decir, de nuestra cultura. Aparece ahora, posiblemente, porque olvidamos lo afirmado por el papa Gelasio I en el siglo V, quien tempranamente aclaró que las dos autoridades –la religiosa y la política– eran como dos espadas que no pueden ser empuñadas por una sola mano.
En Costa Rica, la discusión llega otra vez, pues ya en el gobierno de Próspero Fernández se había logrado la separación Estado-Iglesia. Un concordato sobre este tema se presenta cuando ya, en la mayor parte de los países cultos de Occidente, es un asunto resuelto y aceptado: Iglesia y Estado mantienen su autonomía. Pero no es oportuno el concordato. Solo hay que reformar la Constitución, previa consulta a don Próspero para que la redacción sea la correcta.
El Estado no tiene religión ni espíritu ni fe, pero tampoco levanta banderas de ateísmo. El Estado laico tiene fundamento filosófico y democrático: es tolerante. Rechaza que la Iglesia pretenda gobernar e imponer; pero admite que lo religioso está impreso en todo lo que entendemos por cultura occidental, y debe respetarse. El Estado laico es el Estado natural.
Los valores del cristianismo. La lucha frontal entre liberalismo y clericalismo se dio en Europa y, como consecuencia, en América. En Costa Rica, nuestros liberales apenas sostuvieron enfrentamiento tangencial. Lo de la expulsión de los jesuitas y monseñor Thiel nada tiene que ver con el laicismo. Aquellas fueron resoluciones de liberales defendiendo sus intereses económicos particulares. A los representantes de la oligarquía costarricense no les gustó que monseñor Thiel y sectores importantes del clero propusieran cambios sociales, pidiendo salarios justos y defendiendo la dignidad de los trabajadores, consecuentes con lo propuesto por la doctrina social cristiana.
Años después, monseñor Sanabria, aliado con los comunistas, proponía con más éxito lo mismo. El liberalismo centroamericano, que en gran medida era anticlericalismo, no llegó a nuestro país. A la Iglesia católica la persiguió el representante del poder político y, sobre todo, del económico, no por separar poderes, sino para evitar que los principios sociales del cristianismo se convirtieran en leyes, consecuencia de una Iglesia progresista frente a una estructura de poder político sumamente conservador.
Hoy, en Costa Rica, el Estado laico que se pide ha de tener en cuenta tales antecedentes. En este momento, la Iglesia católica no pretende poder político alguno, solo pide espacio para difundir su doctrina con entera libertad. Esto es aceptable. Y, en el momento histórico que estamos viviendo, el Estado laico que se propone debe apoyar, más bien, la enseñanza de valores morales del cristianismo –que son, en gran medida, los mismos de nuestra democracia–, por la imperiosa necesidad de rescatar una forma de comportamiento que el cristianismo le dio a la organización social y cultural, hoy totalmente perdido.
Los principios de solidaridad, justicia y paz –que dan fundamento a la democracia moderna–, antes que políticos y filosóficos, fueron morales, valores que el cristianismo logró imprimir en todo lo que entendemos por cultura occidental.
