Miguel Henrique Otero.   6 enero

La tortura constituye el límite más extremo de todo régimen político. La diferencia entre los regímenes que torturan de forma sistemática y los que no, es sustantiva, puesto que define el lugar que la vida humana tiene para el poder: si la reconoce como el más alto bien de la vida en común — si acepta su condición de valor sagrado— o si no la reconoce —si niega la prioridad absoluta de la vida— y, en consecuencia, decide torturar y matar para preservar el poder. La tortura es la respuesta que los regímenes totalitarios dan al debate entre vida y poder.

Difícilmente, quienes no hemos sido torturados podemos siquiera imaginar el infierno que experimenta el torturado. Indefenso, arrancado de la realidad del mundo, separado de sus referentes cotidianos y de toda señal que suponga alguna forma de esperanza, la sesión de tortura es la negación de lo humano y de la civilización. Sobre todo, es la suspensión de la vida: la víctima, mejor dicho, el cuerpo de la víctima, es sometido al dolor puro, repetido, prolongado, cada vez más brutal. Los testimonios de quienes han sobrevivido a la tortura cuentan que el pensamiento queda anulado por el poderío totalizante del dolor.

A lo largo de los milenios se ha utilizado la tortura para castigar a los enemigos, especialmente, en tiempos de guerra. En algunas culturas, solía reservarse el castigo corporal a quienes eran acusados de traición. El vínculo que unía confesión y tortura no ha sido exclusivo de la Inquisición, sino que ha formado parte del esclavismo, de las prácticas de dominación colonial, de absolutismos, monarquías, tiranías, dictaduras y mafias. Solo en las verdaderas democracias la tortura ha sido erradicada y penada. Hasta la aprobación, en 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no existió un pronunciamiento en contra que involucrara un número considerable de países. Dos años más tarde, entró en vigor la Convención Europea de Derechos Humanos, cuyo artículo 3 prohíbe de forma expresa la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.

Lamentable hito. La creación de la Checa, ordenada por Lenin en diciembre de 1917, que copió su modelo de la Ojrana, la Policía zarista, marca un hito en la moderna historia de la tortura: incorpora el terror como un factor esencial de los regímenes comunistas y totalitarios. La Checa bolchevique, que a lo largo de los años cambió varias veces de nombre (GPU, NKVD y KGB), estableció un método: detener sin procedimiento judicial, interrogar, torturar, juzgar sumariamente y, a menudo, matar, que resultó constitutivo de los regímenes totalitarios de izquierda. Esto es fundamental: donde se instaura el terror como política del poder, no tarda en aparecer la tortura.

Es posible rastrear las tres ramificaciones principales de la práctica de la tortura a partir de 1917: una de sus ramas más cruentas se instauró en Asia: primero en la China de Mao Zedong, en el régimen asesino de los Kim en Corea del Norte y en Camboya durante los años de los Jemeres Rojos. Una segunda ramificación, principalmente europea, pasó de Stalin a países como Rumanía, Polonia, Bulgaria y la Alemania comunista. Una tercera derivación, latinoamericana, inaugura sus operaciones en la Cuba castrista y se ha proyectado hasta la Nicaragua de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y en la Venezuela de Chávez y Maduro.

Sin distinciones. Un aspecto esencial que considerar: entre los torturadores no hay distinciones políticas o ideológicas. Entre el general Manuel Contreras, responsable de la Dirección de Inteligencia Nacional —la DINA de Pinochet— y Gustavo Enrique González López — quien dirigió el Sebin de Maduro—; o entre Emilio Eduardo Massera — el hombre de la siniestra Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), responsable de las torturas y desapariciones de miles y miles de argentinos entre 1976 y 1978— e Iván Hernández Dala, a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), hay comunidad de métodos y afinidades inequívocos: son piezas fundamentales del engranaje desatado desde la cúpula del poder, que tiene como finalidad causar los más atroces sufrimientos sobre los cuerpos de quienes se les oponen.

Sin desconocer las diferencias entre unos y otros, los torturadores son una especie: su cerebro deshumaniza a sus víctimas, los convierten en enemigos no humanos; se sienten señores de la verdad, son fanáticos; llevan consigo un deseo muy acuciante de ser reconocidos por sus jefes; antes de adquirir categoría en el oficio, deben “iniciarse”, es decir, participar en una sesión acompañados o guiados por alguien ya experto. En el torturador, conviven dos impulsos: el del sadismo y el de una cobardía ilimitada. Esas son las fuerzas que se unen para descargar la violencia en contra del indefenso. Mientras golpea o penetra o quema o electrifica o sumerge o ahoga o fractura el cuerpo expuesto, su propia cobardía descansa: se siente superior, corajudo, invencible. El primer propósito del torturador no es matar, sino infligir daño y sufrimiento por el mayor tiempo posible. En eso consiste el quid de su profesión. Y por ello, a lo largo de la historia, los métodos de tortura se han multiplicado y refinado una y otra vez. El torturador para, no por compasión, sino para disponer de un cuerpo, todavía con algo de vida, al que continuar torturando en una próxima sesión.

Venezuela. A diferencia de lo ocurrido en otros países de América Latina, en Venezuela se ha logrado documentar, ampliamente, la actividad del régimen torturador. Los testimonios de los torturados, de sus abogados y familiares, y hasta de funcionarios que se desempeñan en las instituciones donde se tortura, han servido para que ciudadanos ejemplares, como Tamara Suju y otros, hayan podido estructurarlas y construir los expedientes que hoy se acumulan en la Corte Penal Internacional (CPI).

Lo esencial del trabajo efectuado hasta ahora es que cada caso está articulado hasta en sus más cruentos detalles. La investigación contiene lo necesario: las cadenas de mando responsables del engranaje de la tortura, los responsables directos, el relato de los métodos —de la brutalidad física y sicológica— que se han empleado en centenares de presos políticos venezolanos.

Los documentos consignados ante tribunales internacionales, o los que han sido producidos por la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo el impulso de su secretario general, Luis Almagro, son, probablemente, los más reveladores de la esencia, de la naturaleza del régimen de Chávez y Maduro: un régimen que desconoce el principio de la vida. Un régimen que actúa de espaldas a los derechos humanos.

Más allá de las decisiones que en algún momento tomará la CPI, hay una cuestión que no puede pasar por alto: que tocará a la sociedad venezolana y a sus instituciones, apenas se produzca el cambio de régimen, afrontar el destino de los torturadores. Ello no solo implica a los directamente responsables, sino también a sus cómplices, aliados, testigos y facilitadores. En los expedientes están las identidades y las responsabilidades que deberán asumir. Uno a uno tendrá que responder ante los tribunales. Uno a uno ir a prisión. Uno a uno enfrentar la realidad de ser enjuiciado como torturador: para vergüenza de su familia y para la institución donde se desempeñaba.

El autor es presidente editor del diario “El Nacional” de Venezuela.