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El criterio de impunidad

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En el documento recibido en la Fiscalía de Delitos Económicos el día 1.° de noviembre del año 2005, manifestamos a las fiscalas Criss González Ugalde y Greysa Barrientos Núñez, a cargo de la investigación del proceso de Alcatel, lo siguiente: “...Atendiendo las razones que la Fiscalía tiene para el pedido, les manifestamos que estamos de acuerdo en que se acepte a don José Antonio Lobo Solera el proceso abreviado por él pedido, en los siguientes términos: a) La imposición de una pena de prisión de 5 años por el ilícito de corrupción agravada, y de 4 años de prisión por el ilícito de penalidad de corruptor... b) El resarcimiento al Estado costarricense de la suma de dos millones quinientos sesenta mil doscientos cincuenta y tres dólares que, está demostrado, recibió de Alcatel...”.








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