Los primeros dos meses de la legislatura 2015-2016 muestran que es posible alcanzar consensos legislativos para fijar una agenda de proyectos de interés nacional, para racionalizar el gasto del Poder Legislativo y para promover una mayor transparencia en las decisiones legislativas, gracias al apoyo de las fracciones parlamentarias.
Así lo muestra la agenda de carácter nacional que el Plenario colocó en los 22 primeros lugares del orden del día para discutir propuestas de gran calado en materia de bienestar social, infraestructura, niñez y recaudación tributaria, entre otras.
Este acuerdo también priorizó una propuesta de reforma al Reglamento legislativo para agilizar la toma de decisiones y brindar más transparencia a las votaciones en el Plenario y en las comisiones.
A esto se suma la reciente votación afirmativa de 15 convenios internacionales que esperaron una decisión por años, lograda con apoyo de todos los congresistas.
Por nuestra parte, los integrantes del Directorio legislativo, elegido por una alianza multipartidista, decidimos abordar la gestión administrativa para controlar el gasto y orientarlo hacia los rubros realmente esenciales para el ejercicio parlamentario.
Esto se refleja en la propuesta de presupuesto para el 2016 presentada al Ministerio de Hacienda. Con responsabilidad, el Directorio legislativo se abocó a revisar partida por partida la sugerencia presupuestaria que presentó la administración y la ejecución de años previos: aplicando la tijera logramos reducir más de ¢754 millones .
Así el presupuesto inicial del Congreso para el 2016 no crece, sino que, más bien, bajará con respecto al presupuesto inicial del 2015, tanto en términos nominales (baja 0,16%) como en términos reales –al restar la inflación anual estimada, la reducción real del presupuesto del 2016 superaría el 5%.
Esperemos que se viralice este ejercicio de contención del gasto en los presupuestos de otras entidades.
Recortes. Redujimos un 25% de los recursos para viajes y viáticos al exterior –que ya hemos bajado administrativamente–, de forma que los diputados asistan a las actividades que sean estrictamente necesarias o a aquellas que no supongan erogación para la institución, o en las cuales sea menor. Asimismo, en materiales y suministros recortamos un 36% y en sueldos y salarios redujimos ¢445 millones.
Además, en estos dos meses bajamos los gastos por actividades protocolarias y limitamos las horas extras; restringimos las llamadas a celulares desde las áreas administrativas y operativas; regulamos el procedimiento sobre las incapacidades de los legisladores; y ordenamos contratar el sistema de posicionamiento global (GPS) para controlar mejor el uso de combustibles y las distancias recorridas por los vehículos institucionales.
No es sencillo forjar acuerdos en el Congreso, porque debatir para dirimir desacuerdos es parte de la esencia parlamentaria. Pero las recientes acciones para fijar una agenda nacional, tomar decisiones sobre proyectos que han esperado mucho tiempo y ordenar el gasto institucional, demuestra que, con un intenso diálogo y la contribución de la mayoría de las fracciones, el consenso sí es posible en la Asamblea Legislativa.
De todos los congresistas depende que estos importantes avances no sean una gota de agua en el desierto, sino que se conviertan en un manantial que alimente permanentemente la toma de decisiones sobre temas de interés nacional.
Rafael Ortiz Fábrega es el presidente de la Asamblea Legislativa.