La Comisión Especial de Ciencia Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa discute un proyecto de ley con el cual pretende oficializar la educación dual para que la pongan en práctica, de forma voluntaria, en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), los colegios técnicos, los institutos de educación comunitaria (IPEC), los Centros Integrados de Educación de Adultos (Cindea), los institutos, las universidades públicas y privadas, entre otros.
El expediente 20876 ha ganado terreno entre la mayoría de los miembros de este foro y de las fracciones representadas en el Parlamento porque hay consenso en aspectos como la edad de los participantes (mayores de 15 años), que la relación estudiante-empresa se estipule en un contrato de aprendizaje no laboral, que las empresas se comprometan a asignarle una beca a cada joven practicante por un monto no inferior al 30 % del salario de un trabajador semicalificado y el porcentaje de practicantes no exceda el 10 % de la planilla de las empresas para que no exista abuso del recurso humano de esta naturaleza.
Ganar-ganar. Este nuevo marco legal sería un ganar-ganar para los jóvenes estudiantes porque desde su primer año de formación practicarán en los futuros centros de trabajo, se les otorgará una beca de ¢96.000 mensuales durante todo el proceso de práctica y al final de su formación se les entregará un certificado de educación dual, como valor agregado para obtener un empleo al demostrar experiencia.
El recibimiento hasta de un 10 % de jóvenes practicantes de la capacidad de la planilla empresarial les da a las compañías la oportunidad de economizar en gastos de reclutamiento y selección al tener personas ya identificadas con la cultura empresarial, así como la captura de talentos; asimismo, en el proceso de maduración de la ley, las empresas tendrán garantizada la relación entre la oferta educativa y la demanda del mercado laboral.
El Estado y los centros educativos también ganan porque es una forma de disminuir significativamente la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan (157.000) y bajar los índices de desempleo.
Los países donde existe la educación dual gozan de prestigio internacional. Para el país es una forma por excelencia de aumentar la atracción de inversión extranjera directa que permita combatir los flagelos de la pobreza y la exclusión de un gran porcentaje de la juventud costarricense.
Hoy, 108 jóvenes participan en un plan piloto del Ministerio de Educación y aproximadamente 600 estudiantes en el INA, mediante convenios bipartitos con empresas.
Son datos pírricos en relación con el caudal de jóvenes que se integrarían a este modelo educativo si convertimos la educación dual en ley. Al proyecto 20876 pronto se le dará el primer debate. Los diputados debemos tomar decisiones e impulsar estas iniciativas que impactarán en los jóvenes.
El autor es diputado.