El sector público, en general, hace un uso intensivo del recurso humano. Las remuneraciones y las cargas sociales, por lo tanto, constituyen una parte muy significativa del gasto total. Las partidas de apoyo, como mantenimiento, equipos, seguros, gastos de viajes, etc., son relativamente pequeñas. De lo anterior es posible extraer varias enseñanzas. Por un lado, la automatización de procesos, característica de la sociedad moderna, debió haberse reflejado en ahorros en el empleo público hace mucho tiempo. Las labores manuales, por ejemplo, pasaron a ser ejecutadas eficazmente con el auxilio de computadoras. Una misma cantidad de servicio público debería requerir hoy menos empleados que hace dos o tres décadas. Pero la adaptación a la nueva realidad no se nota en los presupuestos estatales.
Otra enseñanza es que ante una situación de elevado déficit fiscal, como en el caso de Costa Rica, las medidas de control del gasto deben centrarse en la racionalización de las remuneraciones totales, la cantidad de trabajadores y el nivel de paga, y con menor énfasis en los gastos de apoyo al factor trabajo. No debe frenarse la inversión pública, pues tendría serias consecuencias en la economía.
Las medidas de ajuste fiscal deben rendir efecto a corto plazo porque, de otra manera, no coadyuvarán a reducir el déficit actual ni el endeudamiento público, y la tasa de interés y la carga de intereses seguirán creciendo a niveles explosivos.
Desafortunadamente, cuando en Costa Rica se propone el control de la planilla pública, siempre surge la oposición de grupos de interés a favor del statu quo, quienes abogan por que las medidas adoptadas operen solo “para las nuevas contrataciones”.
Un caso reciente es el de los trabajadores del Poder Judicial. La Corte Plena decidió el lunes que las reformas tendientes a racionalizar el gasto en dedicación exclusiva y prohibición, entre otros beneficios, apliquen solamente para quienes entraron a laborar después del 5 de diciembre pasado, cuando comenzó a regir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (“Corte mantendrá incentivos a sus empleados antiguos”, La Nación 19/3/2019). Como, en general, la rotación de los cargos en el sector público es baja, la decisión de la Corte —basada, según los magistrados, en el respeto a los derechos adquiridos, aunque estos no operan para el futuro— mina el efecto fiscal esperado.
Pero el asunto va más allá. Para Juan Carlos Sebiani, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Anprojud), con lo decidido por la Corte, sus agremiados “ganaron algo”; no obstante, se pregunta, ¿qué pasará cuando ingresen compañeros nuevos y tengan diferentes salarios con las misma funciones? “Ahí sí veríamos un problema”, afirmó. Ojalá ese tipo de razonamiento acomodaticio no lleve a la Corte Plena a interpretar en el futuro que, para no incurrir en discriminación, tampoco a los nuevos servidores, contratados a partir del 5 de diciembre del año pasado, se les aplique la medida. Así, cerrarían un círculo de irresponsabilidad ciudadana.
La oposición recia de los burócratas a aceptar la reducción de sus exagerados beneficios laborales, cuyo pago sale de los contribuyentes, va a hacer muy difícil llevar a buen puerto la reforma fiscal requerida para Costa Rica. Si las partidas de salarios y cargas asociadas no se reducen, el Estado deberá —para atender lo dispuesto en la norma conocida como “regla fiscal”— recurrir a recortes en otros renglones, como repuestos, seguros y combustible de vehículos, actualización de equipos y software, y otros similares, llamados a complementar y a dotar de eficacia el trabajo de los empleados públicos, lo cual, desde el punto de vista administrativo, es contraproducente. El daño para el país sería fatal si en el futuro, para alimentar una partida de planillas en crecimiento sin freno, el gobierno recurre a la reducción de la inversión pública.
Confiamos en que este tipo de situaciones sean debidamente atendidas por los diputados y las autoridades económicas del Poder Ejecutivo.