EscucharEl artículo del diputado Ottón Solís Fallas, “¿Gigantesca chambonada o corrupción?” ( Opinión 8/7/2015), trasciende el caso específico del Centro de Datos de Internet (IDC, por su sigla en inglés) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y propicia un debate urgente: el cambio cultural y estructural que exige el país de convertir a Telecomunicaciones del ICE en una empresa sometida a la competencia.
Aparte de aclarar errores e inexactitudes en que el autor incurre en su análisis sobre el IDC, en Guatuso de Cartago, es importante denunciar las limitaciones que la institución ha enfrentado por la ausencia de acciones regulatorias puntuales que debió aplicar la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para el suministro de servicios de telecomunicaciones.
Aun así, el ICE ha mantenido el liderazgo ante las dos transnacionales más poderosas de la región, luego de la apertura, y es un caso excepcional en América Latina junto con Antel de Uruguay. Incluso, Telecomunicaciones disputa el mercado nacional con 122 operadores y proveedores autorizados por la Sutel.
Me interesa recordar, además, lo que el diputado Solís Fallas conoce bien: los estados financieros y los procesos de contratación –antes y después de la apertura en telecomunicaciones– han sido sometidos a los entes fiscalizadores y reguladores, en apego a la legislación vigente.
La Ley 8.660 faculta al ICE para declarar confidencial la información que considere lo coloca en desventaja frente a sus competidores, entre ellos dos grandes multinacionales con operaciones que superan en más de 40 veces el volumen de nuestra institución.
Al amparo de esa legislación, se le indicó a don Ottón que no era viable brindarle esta información estratégica del IDC, pues da ventaja a los competidores del ICE y daña la imagen institucional. Algo a lo que él hizo oídos sordos y que reiteramos en esta respuesta.
Confusión de regímenes jurídicos. El diputado ignora que el proyecto enfrentó dos momentos históricos distintos: en monopolio y en competencia, que generaron cambios radicales sobre lo planificado.
El proyecto se inició en el 2007, dentro del marco jurídico establecido en la época para una institución de monopolio. Dos años después, el entorno de competencia modificó y creó reglamentos e instituciones regulatorias, por lo que el ICE tuvo que adaptar sus procesos a ese nuevo marco jurídico en telecomunicaciones.
Teniendo presente que el IDC se concibe tres años antes de la apertura formal de mercado e inicia su operación a fines del 2012, por atrasos de los contratistas privados, el proceso del nuevo mercado crea una condición inesperada.
Hacer valoraciones financieras siete años después omitiendo el contexto histórico y los cambios en la estructura de mercado definidos por el país, como lo hace el diputado Solís Fallas, conduce a resultados que no son comparables y genera juicios de valor no apropiados.
Don Ottón tergiversa el esquema tarifario vigente, al señalar que los costos de un servicio se pueden recargar en las tarifas de otros.
La regulación de nuestro país está muy clara y la fijación tarifaria de los servicios de telecomunicaciones se hace con base en costos. Es decir, los únicos montos operativos que se pueden cargar son los asociados a la prestación del servicio.
Confidencialidad amparada a la ley. No es ético confundir a la opinión pública sobre la potestad que le da la ley 8.660 al ICE para declarar confidencial la información que considere pone en riesgo sus negocios.
Es más grave calificar de “secretismo” la información estratégica de las empresas del Estado en competencia. El ICE es consciente de su responsabilidad en el manejo de los fondos públicos y de su deber de rendir cuentas. Todos los informes financieros del ICE son auditados y conocidos por la Contraloría. La institución siempre ha cumplido los requerimientos solicitados por sus entes fiscalizadores.
La rendición de cuentas no implica que el detalle de la información deba ser de dominio público, cuando la misma información en las otras empresas de la competencia es declarada confidencial y protegida de esta manera.
Camino por recorrer. A casi seis años de competencia, es evidente el progreso del ICE en términos de competitividad, pues mantiene un amplio liderazgo en el mercado, según las últimas estadísticas publicadas por la Sutel, lo cual agradecemos profundamente y nos compromete a desarrollar mejor nuestro trabajo cada día. Es amplio aún el camino por recorrer para optimizar los negocios. Como acertadamente lo dice el diputado, las instituciones estatales deben ser prioridad para el IDC. En ese esfuerzo estamos enfocados.
Bienvenido el debate sobre Telecomunicaciones del ICE, como empresa sometida a la competencia en un marco que debe ser transparente, constructivo, respetuoso de la legislación y acorde con el mercado actual.
Jaime Palermo es gerente de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad.
