Motivado por varias publicaciones, noticias y una excelente columna en La Nación de doña Nuria Marín Raventós ( Sana crítica, 5/2/17), que tituló “El Cetac”, sumado a gran preocupación de municipalidades y desarrolladores inmobiliarios por las limitaciones de alturas impuestas, recientemente, por la Autoridad Aeronáutica, me permito ampliar algunos conceptos históricos y técnicos.
El inicio de mi carrera profesional se dio en el aeropuerto de La Sabana. Lo menciono porque las prácticas de vuelo y los cursos teóricos me obligaban a pasar mucho tiempo en el aeródromo y en San José, lo que me permitía observar buena parte de lo que significó el desarrollo y crecimiento hacia el oeste de nuestra capital, a principios de los años setenta.
La Sabana, por mucho tiempo la principal y única terminal aérea internacional del país, fue puesta en servicio en abril de 1940, hasta que a mediados de los años cincuenta se inaugurara el aeropuerto internacional El Coco, hoy Juan Santamaría. La Sabana pasó a ser una terminal de vuelos domésticos y de taxis aéreos hasta el año 1972, cuando se trasladó a Pavas. Como sucede con todos los aeropuertos, que se convierten en generadores de desarrollo, nuestra capital empezó a crecer hacia el oeste y trajo, como sus primeros inquilinos, edificios de altura considerable: el Hospital México y el ICE, construidos en los años sesenta, así como el crecimiento de los barrios aledaños, lo que creó un fuerte desarrollo inmobiliario que empezó a competir con el mismo aeropuerto.
Una decisión política, buena en principio, por la urgencia, pero con poco o ningún criterio técnico aeronáutico, trasladó el aeropuerto de La Sabana a Pavas, en los terrenos que ocupaba el antiguo botadero de basura de San José. Se le bautizó con el nombre de Tobías Bolaños, en reconocimiento a uno de los más grandes pioneros de la aviación civil en Costa Rica.
Reitero que faltó criterio técnico en esta decisión, en primer lugar porque casi fue como desvestir un santo para vestir otro, por su cercanía a la capital. Segundo, la ubicación es incorrecta, ya que el terreno está más de cien metros por debajo del nivel de La Sabana. Esto hace que las cabeceras de la pista 27 (este) se encuentre, desde su génesis, afectada por lo que en aviación se conoce como superficies limitadoras de obstáculos (SLO), según el Anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), por el porcentaje de gradiente ascendente que compromete los despegues de la pista 9.
Además de esto, no se tomó en cuenta el desarrollo inmobiliario que, como era de esperar, vendría a vulnerar aún más los parámetros de SLO.
Un tercer aspecto es la congestión de aproximadamente un 20% que le impone el Tobías Bolaños al Juan Santamaría.
El aeropuerto Tobías Bolaños fue también absorbido por el desarrollo inmobiliario en sus alrededores, lo que provocó que en el año 2007, dada la inmensa presión de la ciudad por crecer, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) tomara la decisión –atinada– de replantear las SLO para permitir, de forma conciliada, la construcción de todos los edificios que actualmente circundan La Sabana y Rohrmoser. Se usó como parámetro de altura máxima el edificio del ICE.
La solución planteada por la DGAC permitó la coordinación del desarrollo inmobiliario con la seguridad aeronáutica del aeropuerto Bolaños (Circular de Información Aeronáutica 1.307), sin que a la fecha se hayan dado quejas de los operadores aéreos o accidentes.
Pero, como muchas cosas en nuestro país, lo digo sin el ánimo de ser pesimista, lo bueno pasa por las ocurrencias o la tozudez de algún mando medio que radicaliza su interpretación técnica y reglamentaria o por el poco conocimiento de algún jerarca, que ponen para atrás lo que caminaba bien, lo que, en este caso, atenta contra el desarrollo inmobiliario de San José. Además, y más grave, afecta también a Escazú, Santa Ana, Heredia, San Joaquín de Flores y Santo Domingo.
La depresión donde está ubicado el aeropuerto Tobías Bolaños hace imposible aplicar las superficies limitadoras de obstáculos que establece el Anexo 14 de la OACI, por lo que, supongo, el Cetac y la DGAC, en junio del 2016, tomaron la decisión de acatar las medidas que regían antes del 2007, lo que complica el crecimiento de San José y otros cantones importantes de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Hoy, estas decisiones son una realidad que deben preocupar. Considero que las municipalidades involucradas, la Cámara de la Construcción y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, junto con las autoridades aeronáuticas, debieran sentarse a buscar alternativas –que las hay– en otras documentaciones técnicas complementarias de la misma OACI, que permiten realizar variaciones, precisamente porque este organismo internacional es consciente de las implicaciones, no solo técnicas, también políticas, económicas, sociales y jurídicas que conllevan a decisiones como las que tomó el Cetac.
Luis Carlos Araya Monge fue viceministro de Transporte Aéreo.