En octubre de 1989, con la creación de la Sala Constitucional, se vino a poner fin a los abusos en la aplicación de las leyes y a dar una verdadera protección de los derechos fundamentales de los individuos. Entre estos, destaco hoy los derechos adquiridos, constantemente amenazados por las presiones de grupos a los cuales les molesta el bienestar de otros.
Si una persona tiene una casa a 75 metros de la orilla del mar, porque adquirió la propiedad antes de promulgarse la ley de límites marítimos, donde se amplió el límite a 200 metros, pues tendrá derecho a tener esa casa allí porque las leyes nuevas no pueden tener efectos retroactivos.
Igual pasa con quien adquirió un terreno por información posesoria, sin pagar un céntimo por él. Aunque se derogue la ley, esa persona mantendrá ese bien dentro de su patrimonio por siempre, salvo una expropiación y una indemnización. Esto es así, aunque a muchos les moleste y la envidia no los deje dormir.
Lo mismo pasa con los famosos pluses salariales. Los gobiernos han tenido por décadas la oportunidad de corregir el problema, pero se han empeñado en quitárselos a quienes ya los tienen dentro de su haber patrimonial, y allí es donde la mula botó a Genaro.
Si hace 20 o 30 años se hubieran suprimido para los nuevos empleados, a estas alturas no estaríamos lamentándonos del creciente gasto público. Todavía estamos a tiempo de remediarlo, pero hagámoslo bien.
La forma. No toquemos los derechos adquiridos ni las situaciones jurídicamente consolidadas. La Sala Constitucional ha sido inveteradamente consistente en la defensa de lo establecido en nuestra Constitución en su artículo 34.
Es abundante la jurisprudencia en ese sentido, a pesar de la presión de grupos insidiosos a eliminar derechos bien habidos para satisfacer su mezquindad o envidia.
No esperemos que Sala Constitucional cambie su actitud a pesar de los intentos de algunos diputados de impulsar leyes confiscatorias disfrazándolas con otros nombres para, mediante subterfugios, lograr indirectamente lo que directamente va totalmente en contra de nuestra Carta Magna.
Con el cambio de los integrantes de nuestra Asamblea Legislativa, los nuevos diputados deberían recibir de algún funcionario de la Sala Constitucional un curso sobre los derechos fundamentales y, tal vez, con eso, evitaríamos la emisión de leyes cuestionadas y anuladas por inconstitucionales, como tantas en el pasado.
Hagamos las cosas como se deben para mantener lo más preciado: la paz social. Tenemos el ejemplo en el vecino país, donde imagino no tienen Sala Constitucional o se llama Sala Ortega.
El autor es banquero y administrador de negocios.