EscucharEl reportaje de La Nación titulado «Conavi inhabilita 10 años a constructora por incumplir obras», publicado el 28 de noviembre, contiene inexactitudes.
Ante todo, es falso que el suscrito haya recibido alguna llamada de La Nación para poder dar su versión sobre este asunto y así equilibrar el reportaje. Si La Nación realizó alguna llamada, las bases de datos que consultó no están actualizadas y se comunicó con otra persona.
El Grupo Orosi es el más interesado en que se publique nuestro punto de vista sobre el tema, de manera que, además de requerir la publicación de este texto, invitamos cordialmente a La Nación y a todo medio de comunicación para que nos llamen realmente a nosotros.
En segundo lugar, La Nación omitió consignar que el único procedimiento administrativo abierto por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en contra de nuestra empresa se inició en el año dos mil dieciocho, por ende, una reforma legal del año dos mil diecinueve no puede ser nunca aplicada de manera retroactiva en nuestra contra.
En tercer lugar, es falso que el contrato de la carretera en Monteverde haya sido «anulado» como se indicó en la portada del 28 de noviembre del 2020.
En el contrato no hubo ningún vicio de nulidad que haya sido declarado por autoridad administrativa o judicial alguna, La Nación omitió consignar que, más bien, fue el Grupo Orosi el que siempre advirtió al Conavi que estaba incumplimiento la legislación ambiental al ordenar el inicio de las obras de la carretera sin contar con viabilidad ambiental tramitada ante la Setena. Esto consta en el expediente que La Nación consultó.
En cuarto lugar, lo reseñado sobre la supuesta ejecución de una garantía por seiscientos millones de colones también es inexacto. Lo cierto es que en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), que es de acceso público y pudo ser consultado por La Nación sin ningún problema, consta que el Grupo Orosi tenía plazo para plantear su descargo hasta el 19 de noviembre del 2020, que nuestra empresa presentó sus alegatos y que el procedimiento establecido en el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa no ha concluido. Nada de ello se indicó en el reportaje.
En quinto lugar, La Nación igualmente omitió consignar que existe un proceso contencioso-administrativo planteado por el Grupo Orosi contra el Conavi el 22 de julio del 2020, donde más bien es nuestra empresa la que reclama el pago de daños y perjuicios causados por el Conavi.
Toda esta información que no se incluyó en el reportaje de La Nación consta en el expediente, así que de la misma manera en que se tomaron otros datos debió haberse incluido esta otra información, echada de menos.
Quedamos a las órdenes de La Nación para ampliar nuestro punto de vista sobre este asunto, y llamamos la atención porque el medio de comunicación no se haya interesado por la ausencia de viabilidad ambiental del proyecto y las gravísimas consecuencias y riesgos que ello conlleva para los vecinos y usuarios de la carretera.
Eladio Araya Mena, presidente del Grupo Orosi, S. A.
