La explicación brindada a La Nación por el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen Pennington, sobre el origen del aumento de la anualidad del 3 % al 5,5 %, a partir del 2010, es inexacta.
No es cierto, como declaró en la nota titulada “Historia del ‘error’ que arriesgó las finanzas de la UCR”, publicada el martes 10 de julio en la página 5A, que el aumento haya sido producto de un acuerdo ilegítimo del Consejo Universitario por no estar como un tema específico en la agenda, pues formaba parte del Plan-Presupuesto de la Universidad de Costa Rica para el año 2010, presentado por la administración, el cual era el único punto de la sesión n.° 5390, del 29 de setiembre del 2009.
Jensen omite explicar con claridad que la decisión autónoma de presupuestar ese incremento residió en la propia Rectoría, ocupada en ese entonces por Yamileth González García, administración de la cual él también era parte.
El representante de la Rectoría ante la Comisión de Administración y Presupuesto del Órgano Colegiado, Héctor González Herrera, presentó el plan presupuestario del año 2010, con la inclusión de las previsiones necesarias para hacer posible el incremento en las anualidades sin menoscabar las finanzas universitarias.
Antes de la aprobación presupuestaria, en el oficio OPLAU-583-2009, la Oficina de Planificación Universitaria le envió a la Rectoría la estimación de los costos actuariales proyectados del 2010 al 2049, tomando en cuenta el incremento en la anualidad y en el que se garantiza el equilibrio financiero institucional para todo ese periodo.
Durante la discusión del Plan-Presupuesto, la rectora a.i., Libia Herrero Uribe, explicó que la motivación para igualar las anualidades a todo el personal de la UCR era eliminar desigualdades salariales para iguales funcionarios, las cuales se originaban en la aplicación de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas.
Por otra parte, Héctor Monestel, representante administrativo ante el Consejo Universitario, cuestionó esa alza en la anualidad y votó en contra, por considerar que no tenían los elementos ni el tiempo suficiente para analizar adecuadamente la propuesta de la administración.
Teresita Cordero Cordero, directora a.i. del Consejo Universitario