24 julio

Me veo en la obligación de refutar el titular de la portada de la edición impresa de La Nación del 21 de julio, coincidente con el de la noticia interna, en la página 4, sección “El país”: “Corte pone cuesta arriba recorte a gasto público y dinero de bonos proteger”.

No existe un informe técnico que señale al Poder Judicial como responsable del gasto público y más impensable es que el presupuesto judicial afecte el programa del Poder Ejecutivo llamado bono proteger, o lo ponga cuesta arriba, como se indica en el titular. Esa es una conclusión e interpretación de La Nación alejada de la realidad

Desde que asumí la presidencia de este poder de la República, en agosto del 2018, han sido atendidas las solicitudes del Ministerio de Hacienda para reducir el presupuesto institucional. Enviamos para aprobación planes de gasto con decrecimiento que expongo en pocas líneas.

En el 2019 se laboró con el mismo monto aprobado en el 2018, aproximadamente ¢474.000 millones. En este 2020 la disminución es un 0,2 %, para un monto absoluto de ¢472.677 millones.

La propuesta del 2021 registra un 0,87 % de recursos menos, es decir, cerca de ¢468.793 millones. El 3 de abril, por petición del Ministerio Hacienda, el Poder Judicial cedió ¢1.737 millones, pues comprendíamos en ese momento, como ahora, la situación que enfrenta el país producto de esta pandemia.

En la sesión de la Corte Plena del lunes 20 de julio, se conocieron informes jurídicos y técnicos presupuestarios sobre el impacto que tiene en la operatividad del Poder Judicial un recorte de unos ¢5.000 millones.

Como se detalló en la citada sesión, el Consejo Superior aprobó ¢2.562.738.982, pero la suma remitida en el segundo presupuesto extraordinario por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa nos tomó por sorpresa y nos enteramos por las publicaciones de los medios de comunicación.

El nuevo monto no se consultó y además carece de un informe técnico. Esa omisión pone en serio peligro la prestación de los servicios que brinda el sistema judicial.

Es una incidencia muy grave que no podemos ignorar, por eso, nuestro dictamen se ajusta a las previsiones del artículo 167 de la Constitución Política, porque, a pesar de la pandemia, todavía nuestro pacto fundamental sigue vigente. Comprendemos la grave situación que enfrentamos, pero hay obligaciones constitucionales que no pueden eludirse.

Somos respetuosos del Estado de derecho y, por supuesto, de las competencias constitucionales y legales del Ministerio de Hacienda, pero el Poder Judicial tiene potestades y deberes que demandan la Constitución Política y la ley.

No podemos guardar silencio cuando tenemos que señalar o puntualizar lo que afecta el servicio público que brindamos, principalmente cuando se trata de servicios esenciales y la atención de poblaciones vulnerables.

Fernando Cruz Castro

Presidente de la Corte Suprema de Justicia